La convocatoria fue urgente e inesperada. Unos 400 espías, todos contratados durante la gestión de Mauricio Macri, recibieron la orden de ir a la Escuela Nacional de Inteligencia ( ENI) donde los esperaba un examen de 100 preguntas. Los agentes denuncian que es parte de una estrategia de “persecución” por parte de la interventora Cristina Caamaño y aseguran que la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) se encuentra “paralizada”.
Desde la ex-SIDE confirmaron a LA NACION la prueba a los agentes, aunque aclararon que estuvo dirigida a los espías que fueron pasados a planta permanente de forma “irregular” por el ex Señor 5, Gustavo Arribas. “Cambió la lógica de trabajo, ya no perseguimos opositores ni organismos sociales. Se están haciendo cosas de forma diferente”, dijeron desde la intervención.
Los agentes que respondieron el cuestionario creen que la prueba es parte de la presión que está ejerciendo la interventora para que abandonen la AFI. No hubo aviso previo ni se sabía el contenido de las preguntas, que incluyó preguntas de historia, matemática y geografía, entre otras materias.
“Buscan deslegitimar y dejar sin efecto los nombramientos”, describió un hombre que conoce como pocos los pasillos de “la Casa”, como denomina el submundo de los espías al organismo de la calle 25 de Mayo 11.
Hace un mes, desde el entorno de Caamaño habían anunciado que se pondría a prueba a toda su plantilla de espías. El plan original de la interventora era que el examen escrito lo hagan los 1400 espías que integran la central de inteligencia. En ese momento, desde la AFI anticiparon que el examen no representaría un problema para los espías con experiencia.
Una forma de comenzar a depurar el organismo después de los nombramientos masivos que realizó Arribas y su segunda, Silvia Majdalani. Finalmente, solo los espías que ingresaron durante el gobierno anterior fueron puestos a prueba, una señal que tomaron como parte del “hostigamiento” que aseguran, siempre bajo reserva, que están sufriendo.
Pese a que en un primer momento se dijo que rendir mal el examen “es una causa justa de despido”, ahora desde la intervención aseguraron lo contrario.
Como adelantó LA NACION en enero, Arribas y Majdalani firmaron el pase a planta permanente de 523 agentes desde agosto pasado, lo que representa gastos del Estado por casi $31 millones mensuales.
Desde su llegada, Caamaño rediseñó el organigrama y achicó a casi la mitad la cantidad de direcciones dentro de la central de inteligencia: de 105 a 65. Uno de los principales objetivos de la intervención de la AFI que dispuso el presidente Alberto Fernández fue achicar y transparentar los gastos.
Pero el nombramiento de los nuevos agentes también sorprendió a algunos de los espías experimentados. Es que volvieron algunas personas que estuvieron durante la gestión de Oscar Parrilli. Hay en el listado de nombres algunos con denuncias previas, incluso uno por violación.
La purga que aseguran está llevando a cabo Caamaño la lidera la dirección de Asuntos Internos, donde habría recaído un exempleado del Banco Central que fue echado de esa entidad por el extitular Guido Sandleris.
También sorprendió a viejos espías la vuelta de caras conocidas, algunas de ellas vinculadas a Fernando Pocino, quien fue uno de los líderes de la Agencia durante la administración de la expresidenta Cristina Kirchner.
Desde que asumió la interventora se tomaron dos decisiones de fondo en la AFI: se limitó el rol de la agencia como auxiliar de la Justicia -solo se trabaja en actividades “esenciales” como la lucha contra el terrorismo, la prevención frente a ataques informáticos o amenazas al orden constitucional o la paz- y se busca “transparentar” los gastos reservados.
