La dura respuesta al pedido de informes sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue dada a conocer por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
Según publicó el diario La Nación, el Estado argentino se quejó del “tenor” de las palabras utilizadas por el relator, el peruano Diego García-Sayán, quien había considerado “fiables” las denuncias sobre un presunto “plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial” de parte del gobierno de Mauricio Macri.
“La expresión ‘plan sistemático’ en la Argentina remite simbólicamente en forma directa e inequívoca a la más siniestra y oscura etapa de nuestra historia, en clara alusión al plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio perpetrado por la dictadura militar entre 1976 y 1983”, contestó el gobierno de Macri. “Resulta preocupante, y ajeno a cualquier verificación empírica, referirse en esos términos a los actos de un gobierno democrático”, afirmó.
La respuesta fue presentada en Ginebra por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. En el documento, el Estado afirmó que las relatorías de la ONU deben “tratar siempre de establecer los hechos, sobre la base de información objetiva y fidedigna que dimane de fuentes pertinentes y creíbles”.
La Argentina puso en duda la “objetividad e imparcialidad” de los denunciantes; algunos de ellos, abogados de exfuncionarios acusados de corrupción. Según la respuesta del Gobierno, la acusación parece “orientada a la estrategia defensiva en los casos particulares de corrupción que tramitan ante el Poder Judicial”. Entre los denunciantes está la agrupación Iniciativa Justicia, de la que son “referentes”, afirma el documento, Maximiliano Rusconi (abogado de Julio De Vido) y Carlos Alberto Beraldi (abogado de Cristina Kirchner).
“Preocupa que en el informe se considere fiable, prima facie, la información aportada sin mayor investigación ni confronte con otras fuentes y sin siquiera esperar la respuesta del Estado”, dijo la Argentina. Es que si bien la nota del relator tenía por objeto pedirle datos al país y emitir luego un informe, en la consulta que envió a la Cancillería el relator expresó sus “preocupaciones”. Y dijo: “Considero que las informaciones recibidas [por los denunciantes] son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”.
Este punto también fue puesto en duda en la respuesta. “Si los hechos denunciados hubieran tenido la seriedad y urgencia que se manifiestan en la comunicación, no se habrían dejado transcurrir casi cinco meses [hasta pedirle explicaciones al país]”.
Aunque el asunto entró por la Cancillería, la contestación estuvo fundamentalmente a cargo del ministro de Justicia, Germán Garavano. Luego de una serie de “aclaraciones preliminares”, en las que hicieron todas estas advertencias, el resto del documento está dedicado a contestar los diferentes puntos planteados por el relator. Entre ellos, la supuesta utilización del Consejo de la Magistratura para “perseguir a los magistrados” que fallan contra los intereses del Gobierno y el traslado de jueces “sin respetar los requisitos establecidos en la legislación”. También, las designaciones -en un primer momento, por decreto- de los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
