Sin acuerdo, solo la promesa de una revisión del último aumento de las retenciones, aunque con remotas posibilidades de alcanzar una baja en corto o mediano plazo. Así terminó la primera reunión del Gobierno con las entidades del campo que integran la Mesa de Enlace, la primera que tuvo el presidente Alberto Fernández con un sector productivo.
Si bien los protagonistas resaltaron como “positivo” el encuentro, el campo se fue con las manos vacías. Ante los representantes de los productores, el Presidente admitió que las retenciones son un impuesto regresivo, pero ratificó su incremento del 30 al 33% para la soja y del 12 al 15 por ciento para productos como el trigo y el maíz, entre otros, que el Congreso habilitó a la Casa Rosada con la ley de emergencia económica que se promulgó.
“El Presidente plantea que las retenciones tienen que ir disminuyendo. No son un instrumento deseable para el funcionamiento de una economía, pero por la responsabilidad que le cabe, tiene que ser analizada en mucho detalle el pedido de las entidades, que fue mantener el 30 en soja y el 12 en el resto de los productos”, dijo el ministro de Agricultura, Luis Basterra, que anunció que el Gobierno les dará una respuesta a los productores en los próximos días.
Pese a las buenas intenciones, desde la Casa Rosada admiten que por ahora no hay alternativa. Es que el Gobierno necesita los dólares para lograr el equilibrio de las cuentas públicas. Terminar con el déficit primario es la prioridad de Fernández, clave también en el proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), Jorge Chemes (Confederaciones Rurales), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto (Coninagro), llegaron con una postura conjunta y le platearon al Presidente que “no se aplique” el aumento del 3 por ciento, que según el titular de la Rural representa unos 800 millones de dólares. Desde el gobierno nacional, en tanto, calcularon que el impacto de esos tres puntos adicionales suma en total unos U$S 250 millones.
Además, le solicitaron al Gobierno la aplicación de un mínimo no imponible general por cantidad de toneladas, generalizando la exención impositiva e incluso beneficiando el control. En ese punto, sobre la segmentación de los productores por tamaño y distancia de los puertos, Basterra adelantó que se modificará de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
“El Presidente propuso la modificación de la ley de emergencia para que se incluya el tratamiento segmentado de los pequeños productores, y específicamente para aquellas regiones que están lejos de los puertos”, dijo el ministro en una conferencia de prensa junto a los dirigentes agropecuarios, en referencia al trámite parlamentario del proyecto.
Y agregó: “Lo que pretendemos es un modelo que respete el concepto de equidad, y que los pequeños y medianos productores, para que sean beneficiarias de un tratamiento diferenciado. Antes de su aplicación, lo vamos a conversar con las entidades. Tenemos la voluntad expresa del Presidente de hacer un tratamiento diferencial”.
En el encuentro, del que además participó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, según relató Basterra, el Presidente hizo un repaso de la “difícil situación fiscal que atraviesa el país”. “Estamos viviendo un estado de excepción”, dijo Basterra para justificar las medidas que provocaron malestar en los productores agropecuarios.
Lejos del clima de batalla que atravesó a la Argentina por la implementación de la resolución 125, que buscó imponer el gobierno de Cristina Kirchner en 2008, los representantes del campo advirtieron que hay “mucha angustia” y “enojo” entre los productores y que anunciaron que buscarán desactivar las medidas de fuerzas que lanzaron algunas organizaciones.
Sobre el punto, Pelegrina dejó en claro la posición del sector. “Tenemos una pequeña diferencia semántica con el ministro Basterra, nosotros no hemos pedido ni solicitado que estén en el 30% tampoco, y hoy solicitamos que se elimine el incremental, pero no convalidamos las retenciones, en el sentido de que este mal impuesto debe ser eliminado”.
El aumento que habilitó la nueva iniciativa se sumó al que dispuso la última semana el Gobierno que elevó los derechos de exportación a la soja del 24,7 al 30 por ciento a la soja y del 6,7 al 12 por ciento al trigo y el maíz.
“No hubo ningún acuerdo. Le planteamos a situación al Presidente para que nos entienda y ver cómo seguimos construyendo una relación”, cerró Pelegrina.
La segunda reunión la mantuvo Fernández con las entidades del campo, tras la reunión que tuvieron a principios de octubre, cuando todavía era candidato a presidente por el Frente de Todos (FDT).
