La Corte Suprema aceleró ayer el reclamo de San Luis contra el Estado nacional y fijó en $15.000 millones el monto que el Gobierno deberá pagarle al distrito gestionado por el peronista Alberto Rodríguez Saá por la detracción de fondos coparticipables entre 2006 y 2015. La decisión le asestó un golpe al Gobierno de Mauricio Macri, ya que el desembolso pondría en aprietos el plan para cumplir los acuerdos de déficit cero negociados con el FMI. Más si, como se presume, el máximo tribunal también falla a favor de Santa Fe en un caso idéntico, aunque por saldos hasta podrían cuatriplicarse.
Los jueces supremos volvieron a complicar así a la gestión de Cambiemos. El fallo original a favor de San Luis, Santa Fe y Córdoba (en esta última provincia fue una cautelar para poner fin al recorte del 15% para financiar a ANSES y de 1,9% para la AFIP) llegó en noviembre de 2015, a poco de que asumiera Macri. Fue la estocada última para esas quitas que nutrían las cuentas nacionales. Así, los montos regresaron a las arcas provinciales.
Ahora, la resolución firmada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti llegó en medio de un ajuste de las cuentas para alcanzar el equilibrio fiscal, tal como impuso el FMI para salir al rescate del Estado argentino. Una obsesión que es causal de continuas misiones del organismo. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), si la Corte avala también ese criterio para el pedido de Santa Fe, las partidas para pagar esas deudas serían equivalentes al 15% del esfuerzo fiscal para alcanzar el equilibrio primario en 2019 (ver aparte). Déficit o emisión, palabras vedadas hoy para el Gobierno.
Sorpresa
La noticia voló de forma inesperada a la provincia gobernada por Rodríguez Saá. “Cuando nos enteramos de que había un fallo de la Corte, pensamos que era para convocar de nuevo a un acuerdo con Nación”, dijeron desde la provincia a Ámbito Financiero. Por supuesto, la reacción fue de algarabía, ya que la batalla por el cobro de esta deuda fue eje de la gestión del gobernador puntano, que incluso no adhirió al Pacto Fiscal firmado a finales de 2017 para no bajar las demandas contra Nación.
La tasa que tomó la Corte para actualizar el monto original de $5.000 millones por las retracciones entre 2006 y 2015 fue la pasiva del Banco Nación. San Luis reclamaba tasa activa, lo que hubiese llevado el monto a más de $20.000 millones. Según el fallo, corresponde una devolución de $11.500 por ANSES y $3.500 por AFIP, aunque desde despachos puntanos creen que el monto podría incrementarse en unos $1.000 millones extra. Además, la provincia tiene otros litigios abiertos que suman otros $30.000 millones, en una puja judicial que tuvo hace dos días el bonus track de un amparo para frenar la suba de la tarifa del gas.
“Es un momento muy importante para San Luis; tras diez años de litigar la Corte Suprema define el monto que el Estado Nacional nos adeuda”, expresó el fiscal de Estado provincial, Eduardo Allende. El funcionario de Rodríguez Saá agregó: “Es un triunfo importante porque el Gobierno nacional nos vino embarrando la cancha durante tres años. La Corte Suprema le rechaza todos los planteos al Estado nacional y dice que San Luis tenía razón”.
Ahora se abre un período de negociación de 120 días sobre la forma y tiempos de pago, ejes sobre los que no se expidió la Corte. Esto le da cierto alivio a la Casa Rosada, que apunta, más en año electoral, a patear el pago a 2020.
De hecho, ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, sostuvo que “no genera mayor preocupación” la definición de los jueces.
“El fallo no habla de plazos; vamos a volver a convocarlos para llegar a un acuerdo y pagarlo más adelante”, aseguraron desde despachos del ministerio de Hacienda.
En espejo
El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se excusó de intervenir porque antes de integrar ese tribunal actuó como abogado de Santa Fe, que tiene un reclamo idéntico. La provincia gobernada por el socialista Miguel Lifschitz partió de un monto original de $20.000 millones, que a hoy, con la tasa pasiva, tendría una actualización de entre $45.000 y $60.000 millones.
El mandatario dialogó ayer con este medio, y dijo que espera que “en las próximas semanas la Corte tenga un fallo similar”, y que la Justicia “ha sentado jurisprudencia desde 2015”.
Consultado por Ámbito Financiero sobre si podrían dilatarse los plazos, señaló que “primero salió el fallo de San Luis porque inmediatamente reclamó a la Corte que establezca el monto; y en Santa Fe intentamos negociar con el Gobierno”.
La discusión no llegó a buen puerto, pese a que en la previa del acuerdo con el FMI todo parecía encaminado a un pago en bonos por $32.000 millones y otro tanto en obras. Pero la crisis económica tiró por la borda los avances. “Seguramente lo reciba un próximo Gobierno provincial y no mi gestión, pero los estadistas somos así”, cerró entre risas Lifschitz.
En caso de no llegar a un acuerdo por la forma de pago, las provincias podrían embargar cuentas de Nación, aunque por ahora no está en los planes de ninguno de los distritos acreedores. Esperan en ambos casos la convocatoria de la Casa Rosada.
(Fuente: Ámbito)
