Según estimaciones basadas en información de Rockhopper, la explotación podría generar para la administración británica de las islas entre 2.850 millones y 8.800 millones de dólares durante un período de aproximadamente 40 años, derivando principalmente de regalías del 9 por ciento y de un impuesto sobre las ganancias del 25 por ciento.
La brusca reacción de los mercados se produjo casi de inmediato tras la cadena nacional del jueves, donde el presidente presentó un paquete de medidas dirigidas a bloquear la extracción de recursos naturales en la zona en disputa. En su alocución, Milei detalló la reglamentación, el endurecimiento del régimen de sanciones vigente, la ampliación de la base naval de Ushuaia y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El impacto en la bolsa fue particularmente severo para Rockhopper. Durante las primeras operaciones del viernes, sus acciones llegaron a perder cerca del 10 por ciento, aunque luego se recuperaron, y al momento avanzaba entre un 5 y un 7 por ciento a la baja en Londres. Por su parte, Navitas reportó una caída de aproximadamente 2,3 por ciento en la bolsa israelí.
Esta caída en las acciones contrasta con la respuesta pública de ambas compañías, que intentaron minimizar el efecto de las medidas del Gobierno argentino. A través de un comunicado conjunto, Rockhopper y Navitas aseguraron que los recientes acontecimientos no tendrían efectos materiales sobre Sea Lion ni alterarían el cronograma previsto para el desarrollo del yacimiento.
Ambas empresas también defendieron las licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas, señalando que continuarán con el desarrollo del proyecto. La iniciativa busca comenzar la producción de petróleo en 2028 y representa un avance significativo en la explotación de los recursos naturales de la región disputada.
Se espera que Sea Lion tenga una producción inicial de aproximadamente 55.000 barriles diarios, un volumen que representa cerca del 6 por ciento de los cerca de 915.000 barriles que actualmente produce Argentina diariamente. En el ámbito nacional, solo un pequeño número de yacimientos supera por sí solo el volumen estimado para la primera etapa del proyecto.
En este contexto, Milei calificó a Sea Lion como un “peligro concreto y urgente” para la soberanía argentina. El decreto anunciado por el presidente tiene como objetivo facilitar el intercambio de información entre organismos estatales y la Cancillería para detectar incumplimientos y avanzar con sanciones contra las empresas involucradas.
El Gobierno también busca implementar declaraciones juradas en trámites relacionados con la actividad hidrocarburífera y con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con la finalidad de prohibir el acceso a beneficios o la realización de actividades en el país.
Dentro de este marco, se prevé un proyecto para modificar la Ley 26.659. Milei anticipó su intención de endurecer las sanciones existentes y ampliar su alcance a las empresas proveedoras de bienes y servicios de las compañías que operen en la región. La propuesta contempla consecuencias administrativas y penales, así como la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
Sin embargo, esta ofensiva del Gobierno ha dado inicio a una disputa cuyo desenlace aún se encuentra en el aire. Las petroleras afirman que continuarán con sus planes para iniciar la producción en 2028 y defienden las autorizaciones recibidas de las autoridades británicas de las islas, mientras que Argentina considera ilegítimas esas licencias y sostiene que cualquier explotación unilateral de los recursos naturales vulnera sus derechos soberanos.
La primera reacción tangible de los anuncios se evidenció en los mercados. A pesar de que Rockhopper y Navitas aseguraron que las medidas argentinas no afectarán el desarrollo de Sea Lion, sus cotizaciones reflejaron un impacto significativo. Para el Gobierno, el desafío será convertir esta respuesta inicial en herramientas efectivas que obstaculicen un proyecto que, si se materializa según lo previsto, intensificará la explotación británica de recursos naturales en un territorio cuya soberanía sigue siendo cuestionada.
