Halliburton se comunicó con las autoridades argentinas, quienes habían expresado su preocupación acerca de la posible implicación de la compañía en el proyecto, así como respecto a la aplicación de la legislación vigente relacionada con el territorio en disputa. La declaración se da a conocer luego de que el presidente argentino, Javier Milei, intensificara la reivindicación del país sobre las Malvinas mediante sanciones a las empresas involucradas en la explotación petrolera en este territorio británico de ultramar.
Después de un discurso en cadena nacional en el que se advirtió a las compañías que brindaran logística para las petroleras que actúan en Sea Lion, la filial local de Halliburton ya había informado el 5 de septiembre sobre su decisión de no participar en proyectos en las Malvinas.
En el contexto de la creciente tensión política y diplomática entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Malvinas y el control de los recursos petroleros, la Cancillería envió alrededor de 180 notificaciones formales a empresas de servicios petroleros a nivel global, advirtiéndoles que cualquier colaboración con Sea Lion las excluiría de operar en Vaca Muerta, un yacimiento de hidrocarburos no convencionales ubicado en Neuquén que produce más de 600.000 barriles diarios.
Esta advertencia ya había tenido repercusión en septiembre, cuando SLB (anteriormente Schlumberger) y Baker Hughes emitieron comunicados con posiciones similares a las de Halliburton. Estas tres compañías concentran una parte considerable de la capacidad técnica global necesaria para perforaciones en el mar en la escala requerida por Sea Lion.
La presión sobre el proyecto no solo se manifiesta en el ámbito administrativo. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum a interrumpir cualquier actividad relacionada con el proyecto, incluyendo perforaciones y la instalación de infraestructura submarina. Esta decisión se fundamentó en la falta de una evaluación de impacto ambiental aprobada por las autoridades nacionales argentinas, reconociendo que su efectividad depende de la cooperación internacional, dado que el proyecto opera bajo licencias británicas.
Simultáneamente, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco empresas asociadas a Navitas Petroleum –incluyendo subsidiarias directas y la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas– por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización. La legislación argentina prevé penas de hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión para estos casos. En total, el proceso sancionatorio involucra alrededor de 60 personas y empresas, abarcando a operadores, accionistas, ejecutivos y proveedores estratégicos de países como el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos y Suecia.
El movimiento más arriesgado se produjo el 30 de agosto, cuando Argentina notificó formalmente al Reino Unido sobre el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), dándole un plazo de 14 días para detener las operaciones. “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, declaró Milei. Si no hay respuesta, Argentina procederá con una demanda formal ante dicho tribunal, con sede en Hamburgo.
