El fallo hizo lugar a los planteos del Ministerio Público Fiscal (MPF), que había objetado el cierre de la investigación mientras seguían pendientes los peritajes de los dispositivos electrónicos secuestrados. Para Casación, avanzar al juicio oral sin contar con esos resultados podía dificultar la adecuada delimitación de la acusación e incluso afectar la validez del proceso.
La causa se inició en febrero de 2026 y tiene como imputados a Hernán Boveri, exmédico del área de Anestesiología del Hospital Italiano, y a Delfina “Fini” Lanusse, exresidente de tercer año de esa especialidad. De acuerdo con la hipótesis judicial, ambos habrían desviado propofol para uso personal, en perjuicio de la institución. En junio, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó sus procesamientos: a Boveri como presunto autor de la maniobra y a Lanusse como partícipe secundaria.
Durante la investigación, los camaristas habían indicado que debían abrirse y analizarse los dispositivos electrónicos de los acusados. Por esa razón, el fiscal Lucio Herrera, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, pidió que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) realizara los peritajes. También solicitó registros para determinar en cuántas operaciones participaron los imputados entre enero de 2025 y febrero de 2026 en las que se hubiera registrado el uso de ampollas de propofol.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, que durante buena parte de la instrucción estuvo subrogado por otro magistrado, entendió que las pruebas pendientes podían producirse en el juicio oral. Herrera se opuso al cierre del expediente porque consideraba que el análisis de los dispositivos era “potencialmente relevante” para esclarecer los hechos. El juzgado mantuvo su criterio y afirmó que esas medidas no eran imprescindibles para decidir la clausura de la investigación.
La controversia siguió en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17. En agosto, la fiscal María Luz Castany pidió que las actuaciones volvieran a primera instancia. En su dictamen, advirtió que el análisis del contenido de los dispositivos “excede lo que razonablemente se puede entender como una medida de prueba secundaria o tangencial, que pueda quedar pendiente en el marco de una instrucción suplementaria”.
La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) explicó que los resultados podían incidir “tanto en la ampliación de la base de los hechos, como en la delimitación de la intervención de los imputados y su alcance y encuadre jurídico”. También recordó que el expediente está vinculado con otras tres investigaciones: una sobre las circunstancias de la muerte de un médico, otra relacionada con una anestesióloga del Hospital Rivadavia y una tercera que se tramita en el fuero federal porteño.
Castany objetó que el juzgado hubiera dispuesto avanzar hacia el juicio sin completar una medida prevista desde el comienzo de la investigación. Según señaló, los dispositivos de almacenamiento estaban entre los elementos buscados durante los allanamientos y no podía descartarse que su análisis modificara la reconstrucción de los hechos. Agregó que no había demoras que justificaran prescindir de esa prueba, ya que los procesamientos eran recientes y se habían resuelto los inconvenientes con las defensas vinculados con su producción.
Pablo Vega, juez del Tribunal Oral N°17, coincidió con el planteo fiscal y consideró prematura la elevación a juicio. Por ello, devolvió el expediente al juzgado de origen. Sin embargo, el magistrado de primera instancia aceptó parcialmente esa decisión y remitió otra vez al tribunal el tramo de la causa correspondiente a Boveri.
Ante ese escenario, Castany pidió que se declararan nulas la clausura de la investigación y las actuaciones posteriores. Sostuvo que postergar las pruebas implicaba llevar al juicio oral cuestiones que debían esclarecerse durante la instrucción. El tribunal compartió sus objeciones y elevó la controversia a Casación.
En esa instancia intervino el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi, quien apoyó la postura de sus colegas. “No se trata aquí de subsanar una mera deficiencia formal ni de producir una diligencia probatoria complementaria, sino de completar una medida de investigación cuya realización fue solicitada durante la etapa instructora y cuya relevancia ha sido expresamente ratificada por la fiscal que interviene ante el tribunal oral”, sostuvo.
“Útil y pertinente”
Al examinar el expediente, el camarista Nicolás Grappasonno concluyó que la prueba solicitada por Herrera “resultaba útil y pertinente para la presente investigación”. Consideró que los resultados podían repercutir no solo en el fortalecimiento de la hipótesis acusatoria, sino también en la determinación de los hechos que eventualmente llegarían a juicio. Por eso, entendió que no correspondía postergar su producción hasta el debate oral, dado que aún era difícil establecer sus posibles consecuencias.
Casación indicó que el juzgado no había evaluado debidamente el efecto que esa evidencia podía tener sobre la acusación y advirtió que esa omisión podía comprometer el desarrollo adecuado o la validez del juicio. En consecuencia, anuló la resolución del 17 de julio, en la que el Juzgado N°47 había rechazado el planteo fiscal y mantenido la exigencia de presentar el requerimiento de elevación a juicio, pese a las objeciones del MPF. La decisión dejó sin efecto, además, todas las actuaciones realizadas con posterioridad a esa resolución.
