Al igual que en las dos convocatorias anteriores, la Anses ofreció un máximo de 200.000 millones de pesos. Recibió propuestas de 12 entidades financieras por un total de 273.000 millones. De acuerdo con el Banco Central, el diferencial de tasa que se suma a la UVA en los depósitos a plazo fijo fue del 4,79%, frente al piso del 4,5% establecido para el tramo de cinco años.
La subasta se anunció el viernes pasado mediante la Comunicación “B” 13258. La principal novedad fue que se habilitó el financiamiento de hipotecas para proyectos en construcción con boleto de compraventa y compromiso de constituir la hipoteca, o con garantía de hipoteca divisible pendiente de división.
“La posibilidad de constituir hipotecas divisibles sobre proyectos en desarrollo permite acercar el financiamiento hipotecario al proceso productivo de la vivienda y no solamente al producto terminado. Financiar al comprador desde el pozo es, al mismo tiempo, una de las formas más eficaces de financiar la construcción de las viviendas que el país necesita”, señalaron la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos y la Asociación de Empresarios de la Vivienda, que integran CEDU y AEV.
La convocatoria de esta semana fue la segunda ampliación de los destinos permitidos para los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En la primera licitación, los bancos solo podían destinar el dinero a préstamos para la compra de una primera vivienda. En la segunda, el alcance se extendió a personas que, aunque fueran propietarias de una vivienda, no tuvieran disponibilidad para usarla.
Las entidades que reciban los depósitos deberán canalizar esos fondos hacia créditos hipotecarios en un plazo máximo de 90 días desde su recepción.
Como en las licitaciones anteriores, los bancos adjudicatarios no podrán cobrar una tasa superior a UVA más 7,50% nominal anual. Además, deberán ofrecer préstamos de hasta 150.000 UVA, equivalentes a 329 millones de pesos o 210.000 dólares, y con un plazo mínimo de 15 años.
El Banco Central también fijó límites a la participación de cada entidad, que no podrá exceder los topes establecidos.
El Gobierno prevé realizar nuevas licitaciones periódicas hasta completar un cupo de 2 billones de pesos. Según las proyecciones oficiales, el programa podría dar lugar a entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones hipotecarias.