La terna aprobada incluye en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola, mientras que en la segunda figuran Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, quien ha vuelto a postularse para su cargo.
Los candidatos favoritos que podrían ser enviados al Senado son Pablo Yadarola y Bertuzzi, aunque la decisión final corresponderá al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al presidente Javier Milei.
A finales de la semana pasada, Bruglia solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar de no innovar. En su reclamación, instó a la suspensión de todas las acciones relacionadas con el concurso del Consejo de la Magistratura, alegando que se intenta su remoción de la Sala I de la Cámara Federal porteña.
La presentación, que incluye críticas severas a autoridades del gobierno de Javier Milei y colegas del Poder Judicial, se suma a la petición P-35-21, en trámite ante la CIDH desde 2021. En dicha solicitud se examina la situación de Bruglia y sus colegas Bertuzzi y Germán Castelli, quienes han sido blanco de ataques por parte del kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández.
Bruglia subraya que su solicitud ante la CIDH ha llegado a un punto crítico: el momento en el que la eventual designación de nuevos jueces haría irreversible su salida del cargo. El 27 de abril, el consejero Diego Barrotaveña reactivó el concurso 461, que había estado parado durante la instancia de solución amistosa iniciada ante la CIDH. Tres días después, el 30 de abril, las ternas fueron aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo, en menos de quince minutos y, según Bruglia, sin ningún debate sustantivo, después de una reunión privada.
Bruglia sostiene que el Poder Ejecutivo prevé que las ternas sean enviadas al Ministerio de Justicia a mediados de este mes, que los pliegos ingresen al Senado en julio y que los nuevos jueces tomen juramento en agosto. Ese momento, argumenta, convertiría la situación en irreversible.
Además, Bruglia señala a Mahiques y al viceministro, Santiago Viola. Menciona que Viola fue designado por Milei como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo y recuerda que tanto él como Bertuzzi lo habían procesado en el pasado en un caso donde se acusó a Viola de promover testimonios falsos contra el juez federal Sebastián Casanello.
El magistrado argumenta que funcionarios y jueces que integran el Consejo están aplicando de manera selectiva el fallo de la Corte Suprema de 2020, que determina que los jueces trasladados ocupan sus cargos de manera transitoria hasta que se complete el proceso de designación.
Es importante recordar que en 2018, durante el ala del gobierno de Mauricio Macri, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados de un tribunal oral a la Cámara Federal porteña, con el apoyo del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, Bruglia enfatiza que las nuevas pautas establecidas solo se aplicaron a sus casos, mientras que en numerosas situaciones similares no se activaron concursos ni se modificaron vacantes.
Como parte de su defensa, Bruglia presenta el caso de Carlos Mahiques. En lugar de activar un concurso para su reemplazo, el presidente Javier Milei propuso extender su mandato por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal, lo que, según Bruglia, demuestra un trato desigual.
Este argumento, según Bruglia, tiene un respaldo inesperado en declaraciones del ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, uno de los firmantes del fallo “Bertuzzi”, quien mencionó que “la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad” y comparó el trato recibido por Carlos Mahiques con el de Bruglia.
El conflicto tiene sus orígenes en noviembre de 2020, cuando la Corte Suprema dictó el fallo “Bertuzzi”, que definía el carácter temporal de los traslados de jueces. En 2024, el Estado argentino propuso ante la CIDH un proceso de solución amistosa, lo que resultó en la paralización de los concursos 461 y 479 durante casi dos años.
Sin embargo, este proceso se vio interrumpido el 15 de octubre de 2025, apenas veinte días antes del comienzo del juicio oral en la “causa Cuadernos”, con el cambio de estrategia que coincidió con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia y de Viola al Consejo en marzo de este año.
Bruglia también afirmó haber agotado todas las instancias internas, solicitando sin éxito ante el Consejo de la Magistratura la suspensión del concurso, conforme al artículo 25 del reglamento de la CIDH. Se argumentó que no ostenta el carácter de parte interesada, una interpretación que Bruglia impugna.
La medida cautelar busca detener todas las acciones relacionadas con el concurso 461 hasta que la CIDH se pronuncie sobre el contenido del caso. Bruglia argumenta que se han acreditado los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable, y ha invocado la posible vulneración de derechos como la estabilidad judicial, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Según alerta, si los nuevos jueces asumen antes de que la CIDH emita su resolución, cualquier decisión posterior podría volverse impracticable.
