El escenario político argentino se ve nuevamente sacudido por la discusión parlamentaria en torno al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El epicentro del conflicto radica en las modificaciones propuestas al régimen de tierras, un tema que ha generado un agudo enfrentamiento dialéctico entre figuras clave del oficialismo y la oposición. Tras una reciente conferencia de prensa de la senadora Patricia Bullrich, el exdiputado Ricardo Alfonsín lanzó duras críticas que cuestionan no solo la normativa, sino el concepto mismo de soberanía bajo la administración libertaria.
Ricardo Alfonsín ha estructurado su rechazo sobre la premisa de que la propiedad de la tierra no puede disociarse de la seguridad nacional. Para el dirigente radical, la idea de que la soberanía es una abstracción jurídica independiente de quién posee el territorio es una falacia que pone en riesgo los intereses del país. En sus declaraciones, Alfonsín enfatizó que la concentración de grandes extensiones de suelo en pocas manos, especialmente si son extranjeras, debilita la capacidad de decisión del Estado sobre sus recursos estratégicos.
“No nos tomen por idiotas”, fustigó el exlegislador, señalando que el proyecto oficialista no busca modernizar el mercado, sino desmantelar protecciones históricas. Alfonsín argumenta que la normativa vigente no “criminaliza” la inversión, sino que establece salvaguardas necesarias que existen en la mayoría de las naciones desarrolladas. Según su visión, calificar estas restricciones como “comunistas” —un término frecuentemente utilizado por el presidente Javier Milei— es una simplificación ideológica que ignora los principios básicos de la defensa del patrimonio nacional frente a intereses como los del empresario Peter Thiel.
La defensa oficial: Hacia una mayor flexibilidad en la extranjerización
Desde la otra vereda, Patricia Bullrich, presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, defiende el proyecto como una herramienta indispensable para atraer inversiones y garantizar la seguridad jurídica. Durante su exposición, la senadora aclaró los puntos técnicos que regirán la nueva normativa, buscando calmar las inquietudes de los sectores que temen un proceso de extranjerización descontrolada.
El eje de la propuesta oficialista es la elevación del tope nacional a la propiedad extranjera, que pasaría del 15% actual al 25%. Bullrich sostiene que este incremento de diez puntos porcentuales es razonable y necesario para dinamizar un mercado que, a su juicio, ha estado estancado por regulaciones excesivas. La legisladora subrayó que el Estado mantendrá controles, pero bajo una lógica de respeto absoluto a la voluntad de las partes en las transacciones comerciales, un pilar fundamental del programa económico libertario.
El camino hacia la votación en el Senado
Con la sesión programada para este jueves, el oficialismo se enfrenta al desafío de consolidar una mayoría de 37 votos. La controversia generada por los nuevos límites ha puesto en duda el apoyo de algunos bloques dialoguistas que, en sintonía con las preocupaciones de Alfonsín, miran con cautela la velocidad de la apertura. No obstante, Bullrich se mostró optimista respecto a la aprobación del dictamen, considerando que la ley representa un avance hacia una Argentina integrada al mundo y respetuosa de la propiedad privada sin ataduras burocráticas.
