Luciani fue recibido como un héroe por los empresarios, quienes siguieron con atención su intervención. Asimismo, el panel incluyó a Jimena de la Torre, miembro del Consejo de la Magistratura, quien enfatizó la necesidad de que la sociedad ejerza control sobre el sistema judicial.
El fiscal expresó: “El rol de la Justicia es fundamental para combatir la corrupción. Es importante entender que la justicia llega tarde al conflicto, cuando las instituciones previas han fallado debido a la corrupción sistemática. Existen obstáculos como el proceso penal en sí, y las presiones que toleran fiscales y jueces durante estos litigios. A veces se pierde la noción de lo prolongados que son los tiempos judiciales”.
A continuación, relató su deseo de ser fiscal y señaló una paradoja: “Fui nombrado fiscal en 2013 por Cristina Kirchner. Esta es la independencia que deben tener fiscales y jueces”. También mencionó las múltiples presiones que enfrentó el tribunal, indicando: “Sufrimos muchísimas amenazas. Las presiones políticas son muy fuertes y pueden ser sutiles. Alguien intenta influir amablemente en las decisiones. Luego se dan presiones indirectas, como la remoción de la Corte o el procurador, que fracasaron. Después están las presiones directas, que provienen de medios de comunicación controlados por la corrupción”.
Uno de los momentos más aplaudidos de su presentación llegó cuando dijo: “¿Cómo le explico a mi hijo de 16 años que no hacía lo que debía? Que el Presidente de la Nación diga que éramos una mafia judicial y que tras mi alegato, un Presidente comente: ‘Espero que Luciani no se suicide’. Soy un fiscal cumpliendo con mi deber. Era necesario cambiar la historia de nuestro país en materia de justicia, y creo que lo logramos en el ámbito de la corrupción”.
Al reflexionar sobre el proceso, se cuestionó: “¿Qué país tendríamos si todo hubiera ido como debía? Cloacas, infraestructura, rutas, etc. El caso Vialidad representa un parteaguas en la lucha contra la corrupción. Es un caso exitoso, con decisión firme contra la corrupción y la impunidad”.
Por su parte, De la Torre, quien representó a los abogados del país, subrayó la relevancia del control ciudadano sobre la Justicia y su opacidad. En particular, mencionó el RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que implica la cesión de la soberanía judicial para resolver conflictos, acotando que el empresariado no espera nada del sistema judicial. “El Estado lo reconoce. Carecemos de mediciones, y lo que no se mide, no se controla. Sin rendición de cuentas a los jueces, es complicado encontrar soluciones. La Comisión de Disciplina manejó 500 denuncias, de las cuales solo 3 tuvieron sanciones”, expresó.
La consejera resaltó que ese control es “fundamental”, haciendo hincapié en que es vital que la sociedad pida estadísticas y rendición de cuentas. “Sin control, los jueces actúan con sus propios tiempos. El caso Skanska, por ejemplo, recién tuvo una sentencia firme 20 años después”, añadió.
Finalmente, se refirió a la durabilidad de los jueces en comparación con la de los políticos. “Cuando designamos un juez, puede permanecer por 20 o 30 años. Firmamos contratos laborales que suelen abarcar varios presidentes. Aunque parece haber un concurso para evaluar la idoneidad, en realidad los consejeros deciden en función de quién presenta a su candidato. Esto termina explicitado por la misma Corte Suprema. He presentado 5 proyectos para impulsar reformas”, comentó.
En sus últimas intervenciones, De la Torre insistió en el papel del control social y su repercusión en la economía. Citó al expresidente Luis Lacalle Pou, quien advirtió que cuando el Poder Ejecutivo se involucra con la Justicia, se inicia el fin. “La Justicia debe ser el ancla. No podemos tener un Presidente generando temor, como lo hizo Milei. Si no se respeta el RIGI, ¿quién nos defenderá? ¿La Justicia argentina? No, será la Justicia Internacional”.
“Cuando a los abogados se nos dice que dependerá del juez, ese riesgo se traduce en costos. Es más atractivo el mercado internacional que el argentino. Les pido que no pierdan de vista la Justicia y el Consejo de la Magistratura. Si no observan el funcionamiento diario desde sus oficinas, deben hacerlo y exigir cambios en concursos, códigos de ética y normas disciplinarias.”
