El temario se definió en la reunión de Labor Parlamentaria, encabezada por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. También se incluyó el proyecto conocido como “Joaquín”, que recibirá la aprobación definitiva y establece la “obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados”.
En la reunión no se abordó la designación de los representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura. En las últimas horas, la Unión Cívica Radical comunicó por nota que eligió para uno de los cuatro lugares que le corresponden al bonaerense Maximiliano Abad. Queda por definir cómo se distribuirán los otros tres puestos entre el kirchnerismo, que tiene una leve ventaja numérica, y La Libertad Avanza, que también busca ocupar dos.
La norma de discapacidad ratifica pensiones equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y establece el Certificado Único de Discapacidad como principal instrumento para acceder al beneficio. También contempla un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado. A pedido de los bloques aliados en Diputados, se mantuvo la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo formal: las personas con certificado podrán conservarla si tienen trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no excedan dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El texto garantiza, además, el acceso a prestaciones básicas de salud previstas en la ley 24.901, mediante el Programa Incluir Salud, para quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad. Para reducir el riesgo de futuros vetos u objeciones del oficialismo, se identificaron partidas específicas del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema y se estableció que el Tesoro deberá cubrir eventuales faltantes. El Gobierno también se compromete a que el ingreso de cada beneficiario no pierda poder adquisitivo frente al año anterior.
Otro apartado incorpora controles más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías periódicas y cruzar información con organismos como la ANSeS, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el Registro Nacional de las Personas y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. Ante un incumplimiento objetivo, podrá suspender preventivamente una prestación, pero deberá garantizar un “debido proceso inclusivo”, con notificación y posibilidad de rehabilitación provisoria.
El proyecto dispone que, si al momento de sancionarse la ley hubiera deudas pendientes con prestadores, el Poder Ejecutivo publique un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancele los montos adeudados en un plazo de 90 días.
La iniciativa sobre propiedad privada reincorpora la norma aprobada en 2011 durante el kirchnerismo. Establece un límite del 15 por ciento a la titularidad extranjera de tierras, un máximo del 30 por ciento para propietarios de una misma nacionalidad y un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. En materia de expropiaciones, incluye como objeto los “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”.
El texto agrega que “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.
También precisa que la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; además, “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.
La compensación “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. El articulado añade que “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.
El capítulo incluye asimismo una disposición según la cual “gozarán de los beneficios los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.
En cuanto a los desalojos por falta de pago de alquileres de viviendas, el locador deberá intimar formalmente al inquilino antes de iniciar la demanda y concederle un plazo mínimo de diez días corridos desde la recepción del aviso para pagar. La notificación deberá indicar dónde hacerlo. El proyecto establece que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.
Una vez vencido ese plazo o terminada la locación por cualquier motivo, el inquilino deberá devolver el inmueble. Si no lo hace, el propietario podrá iniciar una acción judicial de desalojo, que deberá tramitar por el procedimiento más breve previsto por la ley. El texto subraya que “En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”.
Durante el debate inicial en el Senado, los bloques dialoguistas consiguieron eliminar el capítulo completo sobre tierras. La propuesta original contemplaba una venta prácticamente libre a extranjeros y luego un límite del 25 por ciento, que tampoco obtuvo respaldo. El oficialismo en la Cámara alta y la Casa Rosada, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, enfrentaron varios reveses. También quedó afuera la propuesta de modificar la ley de manejo del fuego, impulsada por Máximo Kirchner, y el proyecto terminó con un articulado reducido.
Argentina firmó el tratado de patentes el siglo pasado y el Senado lo aprobó en 1998, pero Diputados recién lo debatió y votó en agosto. Como la Cámara baja modificó el texto y dejó en reserva el capítulo II, la iniciativa regresó a la Cámara alta para una segunda revisión. La adhesión al PCT es uno de los requisitos del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos.
La incorporación también forma parte de los compromisos asumidos en los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, y entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El Gobierno buscó acelerar la aprobación del texto original en Diputados, pero encontró resistencia de los laboratorios. Antes de emitir dictamen, la Cámara dejó en reserva el capítulo II, que prevé que una patente registrada tenga vigencia durante 20 años en todos los países miembros.
Representantes del sector advirtieron sobre la expansión del “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica que, sostienen, podrían aplicar laboratorios multinacionales mediante el examen preliminar internacional del capítulo II. Según esa objeción, podrían impulsar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos existentes, sin mejoras terapéuticas reales, para prolongar artificialmente un eventual monopolio y limitar la competencia.
También señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial perdería soberanía, ya que los informes y dictámenes preliminares de oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales podrían debilitar y condicionar su autoridad.
El proyecto de seguridad deportiva lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero de este año en Junín de los Andes, Neuquén. Durante un campamento, un arco de fútbol que no estaba fijado al piso cayó sobre él y le causó lesiones que derivaron en muerte encefálica.
Las entidades alcanzadas por la ley deberán “asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumplan con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el órgano coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación”.
Entre los puntos centrales de otra iniciativa incluida en la agenda se cuentan la ampliación del transporte de cargas por agua, la incorporación de nuevos operadores, la simplificación de trámites y el aprovechamiento de los puertos argentinos, con el objetivo de reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales.
De acuerdo con lo previsto, durante la sesión también se avanzará con una propuesta de la senadora macrista Andrea Cristina, representante de Chubut. El proyecto plantea que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social, recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, sea público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes deberá diseñar e implementar, en conjunto con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren niñas, niños y adolescentes, conforme lineamientos nacionales trabajados y aprobados en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.
La sesión, que se prevé extensa, incluirá designaciones en el Comité contra la Tortura y varios tratados internacionales. También podría tratarse el ascenso del actual jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez. El kirchnerismo buscaría debatir sobre tablas el proyecto de ludopatía aprobado por Diputados, al que se oponen los gobernadores, entre otros motivos por la reducción gradual de recursos tributarios. El oficialismo podría responder con una convocatoria a comisiones para la semana próxima, cerca del cierre del período de sesiones ordinarias.