Las áreas técnicas del Poder Ejecutivo ultiman los planteos para evitar los incrementos que dispone la normativa. La Casa Rosada quiere ganar tiempo antes de las elecciones
El Senado se propone rechazar hoy el veto a la Ley de Emergencia de Discapacidad. Los bloques opositores que la impulsan tienen el número para poder hacerlo, lo que implica que, de prosperar, la decisión presidencial quedará sin efecto. Este escenario ya había sido previsto por Javier Milei como una posibilidad, razón por la cual dijo que iba a iniciar una judicialización para evitar que esta legislación tenga que aplicarse.
“Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, afirmó Milei en una entrevista radial con El Observador el mes pasado. Ahí alegó que los proyectos que se estaban tratando “violan la restricción financiera”.
“La condición financiera es que los aumentos de gastos tienen que tener como contrapartida aumento de impuestos, y tienen que explicar de dónde van a sacar los impuestos, o tienen que explicar de dónde van a sacar los otros gastos, qué gastos van a quitar para poder financiar esto”, justificó, a su manera, el Presidente.
Las áreas judiciales técnicas del Gobierno están terminando de trabajar en la letra chica de los planteos que presentarán ante la Justicia para evitar la aplicación de la normativa, que entre otras medidas prevé la regularización de pagos y actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, así como una compensación de emergencia para prestadores.
A pesar de que es el segundo año consecutivo en el que el Gobierno se maneja con un presupuesto prorrogado, en la Casa Rosada acusan de que estos nuevos fondos que debería afrontar el Poder Ejecutivo no están contemplados en el cálculo presupuestario para el resto del año y tampoco se estimaba para el próximo. En rigor, buscan ganar tiempo para no comprometer el objetivo de déficit cero antes de las elecciones. “No les dan los tiempos para causar daño, no tienen tiempo para causar daño”, esgrimió oportunamente Milei al referirse al tema.
El principal argumento en el que se basará la defensa gubernamental será en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Esta establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
En tanto, el planteo abarcaría otros aspectos complementarios. “Estamos analizando ampliar la argumentación, aunque el artículo 38 sería el motivo principal”, comentó un altísimo funcionario que está haciendo el seguimiento de la judicialización, la cual se presentará una vez que la ley quede ratificada.
