De acuerdo con proyecciones basadas en información de Rockhopper, la explotación podría significar para la administración británica de las islas entre 2.850 millones y 8.800 millones de dólares a lo largo de una vida útil aproximada de 40 años. Los ingresos provendrían principalmente de regalías del 9 por ciento y de un impuesto a las ganancias del 25 por ciento.
La reacción del mercado se produjo inmediatamente después de la cadena nacional del jueves, en la cual el presidente presentó un conjunto de medidas destinadas a frenar la explotación de recursos naturales en la zona en disputa. Durante su discurso, Milei anticipó la reglamentación y el fortalecimiento del régimen de sanciones existente, así como la ampliación de la base naval de Ushuaia y el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a la defensa de la soberanía nacional.
El impacto en la bolsa fue especialmente marcado para Rockhopper, cuyas acciones perdieron cerca del 10 por ciento en las primeras operaciones del viernes, aunque luego recortaron las pérdidas. Hacia el medio de la jornada, las acciones cotizaban entre un 5 y un 7 por ciento a la baja en Londres. Por su parte, Navitas acumuló una pérdida aproximada del 2,3 por ciento en la Bolsa de Tel Aviv.
Este retroceso contrasta con la postura pública de ambas empresas, que intentaron minimizar la importancia de las medidas anunciadas por el gobierno argentino. Rockhopper y Navitas emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaron que los recientes acontecimientos no tendrían efectos materiales sobre Sea Lion ni alterarían el calendario establecido para el desarrollo del yacimiento.
Las compañías defendieron las licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas y subrayaron su compromiso de continuar con el proyecto. Este contempla la producción de petróleo a partir de 2028, marcando un avance significativo en la explotación económica de los recursos naturales de la región en cuestión.
El proyecto Sea Lion prevé una producción inicial de alrededor de 55.000 barriles diarios, un volumen considerable que representa aproximadamente el 6 por ciento de los cerca de 915.000 barriles que actualmente produce Argentina diariamente. Dentro del territorio nacional, únicamente un reducido grupo de yacimientos supera este volumen proyectado en la primera etapa del proyecto.
Frente a esta situación, Milei ha calificado a Sea Lion como un “peligro concreto y urgente” para la soberanía argentina. El decreto anunciado busca acelerar el intercambio de información entre los organismos estatales y la Cancillería, con el fin de identificar incumplimientos y aplicar sanciones a las empresas involucradas.
El Gobierno argentino también planea implementar declaraciones juradas en los trámites relacionados con las actividades hidrocarburíferas, así como en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El objetivo es evitar que estas empresas accedan a beneficios o realicen actividades dentro del país.
Además, se añadirá un proyecto para modificar la Ley 26.659, donde Milei anticipó su intención de endurecer las sanciones vigentes, extendiendo su alcance también a las empresas proveedoras de servicios y bienes de las que operan en la región. Esta iniciativa contempla consecuencias tanto administrativas como penales, junto con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
Sin embargo, la ofensiva del Gobierno abre una disputa cuyo desenlace aún es incierto. Las petroleras han manifestado su intención de continuar con sus planes de producción para 2028, defendiendo las autorizaciones recibidas por las autoridades británicas, mientras que Argentina considera ilegítimas dichas licencias y sostiene que cualquier explotación unilateral de los recursos naturales vulnera su soberanía.
La primera reacción visible en los mercados tras estos anuncios ha sido clara. Aunque Rockhopper y Navitas han indicado que las decisiones del gobierno argentino no modifican el desarrollo de Sea Lion, sus acciones han resentido el impacto del anuncio. El reto para el Gobierno radicará en transformar esta reacción inicial en herramientas efectivas que obstaculicen un proyecto que, si se lleva a cabo según lo previsto, intensificará la explotación británica en un territorio cuya soberanía sigue siendo motivo de controversia.
