La evolución de la economía argentina dejó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con una hoja de ruta vacía: el país incumplió las tres metas previstas en el acuerdo (fiscal, monetaria y de acumulación de reservas) al cabo del primer semestre, postergó plazos y pagó vencimientos con yuanes prestados por China. En este escenario, ambas partes sostienen negociaciones que buscan mantener a flote un acuerdo y evitar futuros incumplimientos. Los anuncios de ayer, en Washington y en Buenos Aires, muestran que al menos se ha avanzado hacia ese objetivo.
En ese marco, desde el Gobierno ratifican el compromiso de reducción del rojo fiscal para intentar llegar a un déficit primario (antes del pago de intereses de la deuda) del 2% del PBI a fines de este año (inicialmente el acuerdo fijaba una meta del 1,9%), una cifra que parece desafiante dados los números fiscales del primer semestre y la evolución del gasto y de los ingresos en la segunda mitad del año electoral.
Solo entre enero y junio, el resultado fiscal arrojó un déficit primario de $1,88 billones, casi $700.000 millones por encima del objetivo que el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo establecía para el período. En otras palabras, el rojo de las cuentas públicas fue un 59% superior al que el país se había comprometido ante el organismo que conduce la búlgara Kristalina Georgieva, en un año en el que además del ajuste en algunos rubros como las jubilaciones, otras prestaciones sociales y los subsidios energéticos, también influyó negativamente la sequía, que derrumbó las exportaciones agrícolas y la consecuente recaudación por retenciones.
Ese escenario, con un desvío acumulado en la primera mitad del año, que habitualmente es menos desafiante para el fisco que el segundo semestre, abre interrogantes sobre la viabilidad de alcanzar aquel objetivo, de un rojo del 2% del PBI, cuando solo entre enero y junio el déficit llegó al 1,1%, según estimaciones de la consultora LCG.
“Está muy complicado el cumplimiento de la meta fiscal”, sentencia María Castiglioni, economista jefa de C&T Asesores Económicos, quien advierte sobre el factor político en los próximos meses. “La cercanía de las elecciones presiona al gasto por la recomposición de ingresos a jubilados y los planes sociales ante la pérdida de poder adquisitivo por inflación. Además, si congelan tarifas en estos meses, el ahorro fiscal se puede frenar”, advierte la analista sobre dos componentes clave del gasto.
En la primera mitad del año, el gasto en prestaciones sociales se redujo un 29% en términos reales (restando la inflación al resultado). También se contrajo un 8% el pago de jubilaciones (un rubro que representa el 54% del gasto primario del Estado), en virtud de la fórmula de actualización vigente que ajusta rezagada frente a la inflación.
La contracara de este ajuste fue una pérdida del poder adquisitivo en los haberes previsionales, que genera presiones en el interior de la coalición oficialista y abre demandas por futuros bonos o recomposiciones.
