Con su decisión de firmar un megadecreto con drásticas reformas de leyes y regulaciones, el presidente Javier Milei ratificó que está dispuesto a jugar fuerte para poner en marcha su programa de gobierno y lograr un cambio de régimen económico en el país. La apuesta a la metodología del borrón y cuenta nueva está anclada en una premisa fundamental para Milei: está convencido de que es el momento de marcar el nuevo rumbo, no solo por la profundidad de la crisis económica y social, sino porque considera que sus ideas liberales cuentan con un acompañamiento social mayoritario después de haber sido consagrado con el 55,6% de los votos en el balotaje.
En paralelo, la apuesta de Milei, que ya desató una incipiente guerra con sectores de la oposición y los sindicatos, expuso las limitaciones de su arquitectura política y la falta de interlocutores para construir consensos en torno a las transformaciones estructurales que pretende implementar durante su mandato. Está claro que ahora requerirá de una dosis de destreza y pericia política para sortear los obstáculos que tendrá su ofensiva reformista en el Congreso y en los tribunales.
Hasta ahora, el hombre fuerte del Gobierno en la tarea de tejer acuerdos con gobernadores, empresarios y referentes de la oposición es el ministro del Interior, Guillermo Francos, protagonista de las negociaciones complicadas del Presidente. Sin embargo, los puentes de diálogo con los jefes de la oposición en el Congreso, donde Milei camina en un terreno hostil y enfrenta un escenario hiperfragmentado, aún no tienen cimientos sólidos. Y las poleas de transmisión entre la agenda de la Casa Rosada y los bloques siguen trabadas.
Referentes de espacios que tienen un mayor espíritu de colaboración que el PJ y el kirchnerismo, como Pro, la UCR y el bloque de Miguel Ángel Pichetto, se quejan de que no son llamados para discutir los temas y explorar acuerdos. Incluso Martín Menem y Victoria Villarruel navegaron a ciegas las últimas dos semanas a la espera de que Milei les diera letra sobre el paquete de proyectos de ley que enviará al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias.
“Nos dicen que no saben qué les van a mandar”, señala un referente opositor que mantuvo contactos con Villarruel y Menem. Es más: el diputado de San Luis Carlos D’Alessandro hizo explícito su enojo con la Casa Rosada porque la bancada oficialista, que conduce Oscar Zago, no estaba al tanto del alcance del decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que Milei activó una profunda desregularización del Estado.
“El diálogo es permanente”, afirman en la cartera de Francos, quien repite que la responsabilidad de la labor legislativa de cosechar adhesiones para aprobar las leyes es de los jefes de los bloques de Diputados y el Senado. El jueves Francos intensificó esos contactos tras la visita a Villarruel.
Desde hace semanas, el ministro del Interior teje para sumar adherentes entre los gobernadores, sobre todo, los que tienen vocación reformista y necesitan un diálogo fluido con la Casa Rosada para cuidar sus arcas y asegurarse la gobernabilidad en sus territorios. La pelea por la restitución de Ganancias, una jugada con la que Milei intenta apaciguar el reclamo de los mandatarios por el recorte de fondos que implicó la reforma de Sergio Massa, abrió la primera grieta entre los gobernadores. Esa división dificulta la negociación que encara Francos. Ocho peronistas se abroquelaron para rechazar la vuelta de Ganancias, en sintonía con el reclamo de la CGT, y pidieron compensar esa pérdida vía la coparticipación del impuesto al cheque, mientras que la liga de gobernadores de JxC mostró disposición a acompañar. Los más colaborativos se sorprendieron por la magnitud del decreto. Nadie del Gobierno les adelantó el contenido, pese a que asistieron el martes pasado a una cumbre con el Presidente en la Casa Rosada.
Con ese trasfondo, Milei enfrenta ahora el desafío de construir una mayoría en el Congreso y sumar voluntades para defender el megadecreto y evitar que los sectores más intransigentes de la oposición reúnan una cosecha de votos para declararlo nulo. El Congreso lo trataría recién en marzo, por lo que el oficialismo tendría un lapso para negociar durante el tratamiento del paquete que Milei envió para debatir en sesiones extraordinarias. La primera batalla será en la estratégica Comisión Bicameral de DNU, que en las últimas horas terminará de conformarse. El mapa de la integración de esa comisión era la principal inquietud entre los libertarios, dado que el kirchnerismo ya dio señales de que intentará frenar el megadecreto en el Congreso.
