La iniciativa legal surge tras la revocación por parte de la Corte Suprema de un fallo que había declarado inconstitucional ese artículo del DNU, el cual eliminó las restricciones impuestas por la Ley de Tierras sobre la adquisición de propiedades rurales por extranjeros.
Este planteo judicial se suma a la campaña de los bloques opositores en el Parlamento que intentan derogar el DNU 70/23. La Cámara de Diputados deberá decidir si la sesión especial que se solicita para el 15 de octubre cuenta con el quórum necesario para abordar la derogación del decreto.
Los legisladores firmaron la solicitud de sesión especial presentada por la oposición en la Cámara de Diputados para debatir sobre la derogación del DNU, que incluye también la anulación de la Ley de Tierras.
A su vez, han presentado la medida cautelar a fin de impedir que, durante la vigencia del artículo 154, se consoliden operaciones que luego pudieran considerarse derechos adquiridos. “La cautelar busca evitar que las operaciones que puedan realizarse durante este período se consoliden luego como derechos adquiridos. El planteo advierte que, aun si el Congreso rechazara el DNU o si se restablecieran por ley las restricciones, las adquisiciones perfeccionadas durante su vigencia podrían quedar a salvo”, afirmaron los diputados.
En su escrito ante la Justicia, Pichetto y Massot cuestionaron que la derogación de la Ley de Tierras a través de un decreto de necesidad y urgencia cumpliera con las condiciones establecidas en la Constitución Nacional. Según sostuvieron, esta decisión “no reunió las circunstancias excepcionales que exige la Constitución Nacional para el dictado de un DNU”.
Los legisladores también argumentaron que las tierras rurales y los cuerpos de agua son recursos naturales estratégicos, limitados y no renovables, y por ello el régimen para su disposición debe ser fijado por el Congreso de la Nación.
La Ley 26.737 había establecido límites a la adquisición de tierras rurales por personas físicas y jurídicas extranjeras, así como restricciones relacionadas con la superficie que podía concentrarse en manos de titulares extranjeros.
En el marco de la medida cautelar, los legisladores pidieron que se implementen acciones para preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener actualizada la información sobre las adquisiciones efectuada por foráneos y garantizar la transparencia respecto de la existencia del proceso judicial.
