Según se ha sabido, el nombramiento fue solicitado formalmente por el presidente de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas, al Ministerio de Justicia. En su comunicación, el magistrado pidió avanzar con la designación de Ana María Juan, quien es esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, para abordar la situación de los juzgados federales sin titulares, que hoy están a cargo de otros jueces de la jurisdicción por tiempo limitado.
En su nota dirigida a Mahiques, Salas destacó que tanto el Juzgado Federal de Moreno como el de Morón siguen bajo régimen de subrogación, una condición que obliga a magistrados federales a hacerse cargo temporalmente de esos tribunales, además de manejar sus propias responsabilidades.
Este modo de operar se ha mantenido durante un período extenso y genera una carga adicional a los jueces que intervienen en estas dependencias, en una de las jurisdicciones federales con mayor cantidad de expedientes en la provincia de Buenos Aires.
Los juzgados en cuestión no carecen de actividad. Moreno y Morón albergan investigaciones sobre algunos de los delitos más complejos que caen bajo la competencia federal, tales como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando, evasión impositiva, delitos contra la administración pública y crimen organizado, entre otros. Esta realidad fue uno de los motivos expuestos por la Cámara Federal de San Martín para solicitar un refuerzo judicial en la región.
Fuentes del ámbito judicial comentaron que las subrogancias son una solución provisional, pero que la acumulación de casos y la complejidad de las investigaciones hacen imperativo contar con jueces titulares para cubrir las vacantes. Frecuentemente, los magistrados deben gestionar simultáneamente expedientes de alta complejidad institucional, medidas urgentes y audiencias, además de sus deberes en sus juzgados de origen.
Ante esta situación, la Cámara Federal de San Martín promovió la incorporación de Ana María Juan, quien contaba ya con el acuerdo del Senado para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Sin embargo, como este tribunal aún no ha iniciado sus operaciones, la magistrada había permanecido aguardando una oportunidad para asumir.
La propuesta presentada por Salas buscó sacar provecho de esta circunstancia, integrando a la magistrada al fuero federal y aliviando las presiones sobre Moreno y Morón mientras se espera la apertura del nuevo juzgado de Hurlingham.
La firma del decreto presidencial completa ahora el proceso constitucional requerido para su nombramiento y permitirá su ingreso al fuero federal mientras se mantiene pendiente la activación de dicho tribunal.
El Decreto 589/2026, firmado por Milei y Mahiques, establece en su artículo primero: “Nómbrase Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, a la doctora Ana María Cristina Juan”.
Ana María Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que se desempeña en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 de Comodoro Py. Su pliego había sido previamente aprobado por el Senado, y solo faltaba la firma del Poder Ejecutivo para formalizar su nombramiento.
Fuentes judiciales indicaron que la incorporación de la magistrada contribuirá a mejorar el funcionamiento de los tribunales federales de Moreno y Morón hasta que el juzgado para el que fue designada comience a operar. De tal forma, la Cámara Federal de San Martín busca mitigar el impacto de las vacantes existentes en ambos tribunales y reforzar la capacidad de respuesta ante investigaciones complejas.
Esta decisión también forma parte del esfuerzo que lleva adelante el Ministerio de Justicia para cubrir cargos vacantes desde la llegada de Juan Bautista Mahiques a esa cartera. En los últimos meses, el Gobierno ha acelerado el envío de pliegos al Senado y ha comenzado a ocupar puestos que ya contaban con acuerdo parlamentario, con el propósito de disminuir el número de tribunales federales que operan actualmente mediante subrogancias.
La designación de Juan se suma a la situación de otra nominación judicial aprobada por el Senado: la de María Verónica Michelli. El 4 de junio pasado, la Cámara alta respaldó su pliego para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, con 44 votos afirmativos y 18 negativos, aunque previamente el Gobierno intentó retirar esa candidatura del Congreso.
Se supo que existían reservas del Ejecutivo sobre esta postulacion y se buscó, sin éxito, evitar que el Senado avanzara en la votación. Finalmente, la Cámara alta le otorgó el acuerdo constitucional; sin embargo, el proceso aún no se ha completado.
A diferencia de lo que ocurrió con Ana María Juan, cuyo nombramiento fue formalizado este miércoles con la firma del decreto, el Poder Ejecutivo aún no ha rubricado el decreto correspondiente a Michelli, lo que deja su incorporación al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata en suspenso.
En círculos judiciales se indica que ambos casos son diferentes. Mientras que la designación de Juan fue promovida debido a una necesidad operativa planteada por la Cámara Federal de San Martín para cubrir vacantes específicas en Moreno y Morón, la situación de Michelli sigue siendo revisada por el Poder Ejecutivo tras la controversia política en torno al tratamiento de su pliego en el Senado.
Con la publicación del Decreto 589/2026, Ana María Juan ha quedado oficialmente integrada a la Justicia Federal. Su nombramiento permitirá fortalecer el funcionamiento de una jurisdicción clave para investigar delitos federales complejos, mientras se aguarda la puesta en marcha del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, destinado a expandir la estructura judicial en el oeste del conurbano bonaerense.
