Poco después del mediodía, el tablero reflejó 135 presentes, superando en seis el quórum requerido. Con este número, la oposición logró superar su primer desafío: permitir el inicio de la sesión convocada por varios bloques, liderados por el radical Pablo Juliano, para discutir dos temas delicados para el Ejecutivo. Participaron de la sesión los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el FIT, y algunas fuerzas provinciales, como Argentina Federal.
Por otro lado, los legisladores oficialistas eligieron mantenerse fuera del debate hasta que comenzó la sesión. Con esto, quisieron enviar un mensaje claro: no obstruirían el debate, a pesar de que hasta el día anterior habían intentado detenerlo por diversas vías. Momentos más tarde, el bloque de la UCR y del PRO se hizo presente en el recinto.
Superada la primera fase (reunir el quórum), la oposición planteó su objetivo: convocar a las comisiones responsables de analizar casi 50 proyectos que buscan aliviar la situación de alrededor de 20 millones de personas en situación de deuda, así como el tratamiento de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, que vence en diciembre.
“Resulta extraño”, afirmó el jefe del bloque oficialista, Javier Bornoroni, tras escuchar la solicitud de Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, quien propuso avanzar con el llamado a las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Bornoroni destacó que el oficialismo ya había autorizado este tema en comisión, incluso propuso un cronograma similar al sugerido por Marino, con el 23 de septiembre como fecha para la emisión de dictámenes.
A pesar de que LLA habilitó debates en comisión, la oposición mantuvo su sesión en curso. “La comisión de Discapacidad está trabajando y sugirió un cronograma que coincide con el de Marino. Resulta extraño que se deba venir a una sesión para esto. Creemos que es necesario debatir. Es fundamental. Notamos que algunos legisladores no están a la altura de las circunstancias y utilizan esto con fines políticos”, señaló Bornoroni. Minutos después, la propuesta fue sometida a votación, obteniendo 249 votos a favor.
Incluso los miembros de la Libertad Avanza apoyaron la iniciativa -y aplaudieron el resultado- a pesar de que hace un año el propio Javier Milei había vetado, e intentado vetar, en el Presupuesto, y el Ejecutivo había judicializado la ley.
Posteriormente, se convocó a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor para que aborden la variedad de proyectos relacionados con el endeudamiento familiar. Estas iniciativas buscan ofrecer soluciones a los deudores y morosos, en un contexto donde el Gobierno estima que se trata de un “asunto entre privados”.
Los diputados Germán Martínez de Unión por la Patria y Pablo Juliano fueron quienes tomaron la palabra. Juliano estableció como plazo para la firma de los dictámenes, el 29 de septiembre a las 14. Bornoroni reiteró los mismos argumentos aplicados al tema de Discapacidad y apoyaron nuevamente el cronograma opositor. Una vez más, la propuesta reunió 249 votos a favor, aunque un voto en contra provino del santacruceño José Luis Garrido.
Este triunfo de la oposición representa un nuevo desafío: los diputados deberán consensuar sobre el endeudamiento familiar. No resultará sencillo, ya que se han presentado aproximadamente 50 iniciativas diferentes.
Sería un fracaso si los distintos bloques no logran acordar un texto único. Este tema podría ser un obstáculo considerable, especialmente en el clima electoral actual, donde la situación afecta a millones de familias que esperan un alivio.
Para evitar tal escenario, los bloques decidieron promover en comisión aquellos proyectos que no impliquen costos fiscales. De este modo, restringen el conjunto de propuestas entre las que deberán negociar. Con esto, se busca también dejar al presidente Javier Milei sin excusas para vetar la iniciativa bajo el argumento de la falta de recursos.
La bancada de Unión por la Patria ha presentado múltiples proyectos. Un ejemplo es el encabezado por Victoria Tolosa Paz, donde un grupo de diputados busca abordar el sobreendeudamiento de quienes cobran de ANSES a través de billeteras digitales.
Esta propuesta establece que las decisiones tomadas con sistemas automatizados cuenten con mecanismos de revisión humana, y que los datos utilizados para evaluar la capacidad de pago deben seguir normas de protección. Además, propone que la tasa de interés compensatorio no supere el promedio de las tasas de interés del sistema financiero para préstamos personales según lo publicado por el Banco Central, y que este límite no pueda ser evitado a través de comisiones, seguros u otros conceptos.
También se asegura que el Costo Financiero Total sea presentado de manera visible, clara y comprensible antes de formalizar la contratación. Otro aspecto destacado es que esta iniciativa incluye una protección específica para las prestaciones de carácter alimentario, como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 días, garantizando que los fondos provenientes de estas prestaciones no puedan ser afectados por débitos automáticos ni cobros recurrentes destinados a cancelar préstamos, manteniendo siempre la opción de pago voluntario por parte del titular.
Por otro lado, un grupo liderado por Lucía Cámpora, también de Unión por la Patria, presentó un proyecto para establecer un régimen específico y unificado a través de una plataforma digital administrada por el Estado, que centralice y facilite acuerdos de reestructuración obligatorios y sustentables entre deudores y acreedores financieros.
El sector de la Izquierda propuso declarar una emergencia crediticia para las familias por un periodo de dos años. Esta iniciativa introduce un marco de refinanciación obligatoria para deudas contraídas por consumos esenciales (alimentación, salud, servicios) por personas físicas. El objetivo es aliviar el sobreendeudamiento mediante auditorías que eliminen intereses abusivos, consolidando todas las deudas de consumo en un único plan de pagos manejado por un fondo fiduciario, estipulando ciertos requisitos para adherir.
El radical Pablo Juliano busca regular las prácticas de las Fintech y establecer mecanismos de reinserción para consumidores en crisis, proponiendo estándares mínimos de transparencia, responsabilidad e inclusión financiera “sin descuidar la dignidad de consumidores y usuarios”. Para ello, plantea regular los “patrones oscuros” y la gamificación, prohibiendo interfaces que oculten los costos reales del crédito, fomenten un endeudamiento acelerado o presionen con notificaciones constantes sobre créditos preaprobados.
Asimismo, el socialista Esteban Paulón presentó cuatro iniciativas, entre ellas una que también pone foco en las Fintech, proponiendo que sean reguladas y supervisadas por el Banco Central. Esto garantizaría un piso concreto de responsabilidad en el otorgamiento de créditos, incluyendo límites a las tasas de interés, alertas ante el sobreendeudamiento, consentimiento explícito previo a la oferta de créditos o cobros por débito automático, y la prohibición de prácticas discriminatorias.
En la sesión de este miércoles, también se discute la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, sancionada el año anterior, que Milei vetó y judicializó posteriormente. Dicha emergencia expira el 31 de diciembre, pero la iniciativa impulsada por el peronista Juan Marino, respaldada por bloques de la oposición, busca extenderla por un año más, argumentando el incumplimiento del Ejecutivo.
Si la ley no se prorroga, el asunto podría definirse en los tribunales. Según Marino y las organizaciones civiles que impulsaron la ley, la caída en diciembre afectaría la discrecionalidad y flexibilidad que la normativa otorga al Poder Ejecutivo para destinar recursos al sistema de discapacidad. Es decir, el capítulo I podría dejar de tener vigencia. Sin embargo, se argumenta que los demás capítulos de la ley permanecerían activos más allá del 31 de diciembre, ya que establecen medidas de carácter permanente o modifican leyes existentes. La continuidad de estos capítulos es crucial, pues establecen, por ejemplo, la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones en función de la inflación.
En este sentido, quienes promueven la prórroga sostienen que se presentaría una situación similar a la de la Ley Bases de Milei, sancionada en 2024, que declaró la emergencia administrativa, económica, financiera y energética por un año, pero mantuvo vigentes todas las reformas estructurales.
