“Hebe estaba casada con Parrilli, con Cristina Kirchner, y siempre había un entorno que la adulaba. Ella presenció todas las irregularidades y, lo que es más grave, aportaba para campañas políticas, ya sea en carteles, sonido y otros aspectos. Todo esto lo hacía desde la única caja de la Fundación”, expresó Schoklender, quien, junto a su hermano Pablo, fue uno de los apoderados del programa Sueños Compartidos, impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
A raíz de esta situación, Schoklender afirmó que, “desde el punto de vista de la Fundación, hay un desvío de fondos” que fue realizado por Bonafini para sus campañas políticas. Sin embargo, también destacó que no existía delito desde la perspectiva del Estado nacional, ya que se trataba de dinero que ya había sido ingresado a la Fundación por obras previamente ejecutadas.
Por otra parte, negó que hubiera irregularidades en los obradores y subrayó el papel que tuvo Amado Boudou en el colapso final de la Fundación, al asegurar que “López, De Vido y Boudou convencieron a Hebe para que le cediera todo el manejo de las obras al Movimiento Evita de Emilio Pérsico. De la noche a la mañana, los trabajadores formales comenzaron a ser miembros de una de estas organizaciones piqueteras, recibiendo solo una beca. Colocaron a dos contadores que respondían a Boudou y desmantelaron la Fundación. Nosotros denunciamos esto, lo que generó una causa que pedí que tramitara con ello”.
“Hebe terminó con la cabeza llena por toda esta runfla de atorrantes”, añadió Schoklender, quien afirmó que no volvió a tener comunicaciones ni con Bonafini ni con su hermano Pablo. “No hablé con nadie, con Hebe nunca más, por supuesto. Estamos en caminos separados en la vida”, concluyó.
Respecto al juicio que lo llevó a la condena junto a José López, el exfuncionario de Planificación Abel Fatala y su hermano Pablo, Schoklender acusó a la jueza Adriana Palliotti de tener como única preocupación “que la causa no prescribiera”.
La causa se inició en 2011 tras una investigación y el veredicto fue emitido justo antes de que se venciera el plazo de prescripción, que corresponde a 15 años de expediente. Este martes se cumplía el último término que interrumpía esa situación, dado que fue la citación a juicio oral. De hecho, el tribunal rechazó solicitudes de las defensas para declarar prescripta la causa.
“Lo que hizo esta jueza, más allá de los disparates cometidos durante todas las audiencias en protección de la fiscalía y sus testigos, fue presionar al perito oficial de la Corte. Este individuo presentó una pericia con toda la documentación adulterada y clasificada, y por ello hay una denuncia penal presentada”, enfatizó Schoklender.
Argumentó que “se pudo demostrar” que mientras estuvo al frente de la Fundación como apoderado, “se efectuaron todas las obras comprometidas hasta esa fecha” y que “no hubo un solo sobreprecio, ni una sola certificación o factura falsa; todos los pagos se realizaron tras la finalización de las obras”. Además, acusó al fiscal de usar una inteligencia artificial para generar una acusación, aunque destacó que se basó en una pericia que, según él, había sido falsificada.
“Está comprobado que esa información está manipulada. Presentaron una pericia relacionada con una certificación de obra en Santiago del Estero, en la que se dice que no está presente la firma del funcionario público. Nos sorprendió cuando buscamos el expediente original y encontramos que escanearon ocultando la parte de la firma del funcionario. Esa pericia fue utilizada por el fiscal en su IA. El problema con el uso de una IA para emitir dictámenes es que si se alimenta con información errónea, los resultados serán también erróneos”, justificó.
Asimismo, afirmó que “todos los funcionarios pedían coimas, aunque a ninguno se le había entregado dinero”. Sostuvo que “no hubo un solo faltante de dinero” y que aquellos que lo han acusado dicen que esto sucedió porque hallaron, a través de un informe del Banco Central, un gran número de cheques de la Fundación que terminaron en cuevas y empresas agropecuarias, entre otros destinos.
“En primer lugar, se trataba de dinero perteneciente a la Fundación, no del Gobierno. Tenían numerosos ingresos que no provenían únicamente de Sueños Compartidos. Resulta que las defensas comenzaron a investigar cada uno de los cheques y descubrieron que correspondían a pagos realizados por la fundación a los proveedores. Lo que estos proveedores hicieron, como el 99% de los que operan en el mercado, fue cambiarlos en una cueva, pero todos los cheques estaban destinados a proveedores”, explicó.
Al ser consultado sobre quiénes eran específicamente los que pedían coimas en Sueños Compartidos, Schoklender señaló a intendentes, así como a López y De Vido, de quien dijo que “está muy tranquilo en su quinta, disfrutando con sus palomas y con su familia los miles y miles de millones de dólares que saquearon de las obras públicas”.
Sergio Schoklender recibió este lunes la condena del Tribunal Oral Federal 5, después de casi 15 años desde que comenzó la causa. Su hermano Pablo fue sentenciado también a dos años y cuatro meses, mientras que López y Fatala fueron condenados a dos años y nueve meses de prisión. En este contexto, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue absuelto.
Las penas impuestas son de cumplimiento condicional, por lo que no irán a prisión. Los condenados deberán seguir una serie de reglas de conducta.
Los jueces que emitieron la sentencia por mayoría encontraron a López y Fatala responsables como coautores y a los hermanos como partícipes necesarios en el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido contra la administración pública. Además, los exfuncionarios fueron condenados a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Junto a De Vido, fueron absueltos el ex presidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero, Daniel Nasif, la exfuncionaria de Jefatura de Gabinete de Santiago del Estero, Silvia Nasif, y los exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal, Carlos Castellano y Claudio Freidin. Hebe de Bonafini, en su momento titular de las Madres de Plaza de Mayo, había sido enviada a juicio oral, pero falleció en 2022.
Junto con las condenas, el tribunal dispuso que, una vez que el veredicto quede firme, los condenados deberán devolver más de 200 millones de pesos que se consideran desviados del estado nacional, cifra que deberá ser actualizada por inflación.
