Este 22 de febrero se cumplen once años del día de 2012 en que, a las 8.33 de la mañana, una formación ferroviaria de la línea Sarmiento no se detuvo en la estación terminal Once y embistió el paragolpes de la plataforma número 2, causando la muerte de 52 personas y más de 700 heridos, en un hecho que es recordado como la Tragedia de Once y que hoy tuvo un acto en conmemoración de las víctimas y los afectados.
Aquel siniestro dio inicio a una investigación judicial que determinó responsabilidades sobre funcionarios del Poder Ejecutivo, directivos de la empresa concesionaria Trenes Buenos Aires (TBA) y el maquinista. En su fallo, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara dieron como probado que la formación se encontraba en malas condiciones, las cuáles habían sido advertidas, que fondos destinados a este fin habían sido desviados y que, a la vez, la conducción del tren había sido negligente.
Por esta razón recibieron condena 21 personas, que incluyeron a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el empresario Claudio Cirigliano, así como otros 17 directivos de TBA, y el maquinista Marcos Córdoba. Las penas más altas fueron para Schiavi, que recibió ocho años de cárcel, Cirigliano, condenado a siete y Jaime, a seis luego de que la Cámara de Casación le revocara la sentencia por estrago culposo. A Córdoba, por su parte, le cupieron tres años y tres meses de prisión.
A lo largo del tiempo, la concesión de beneficios como la libertad condicional (como en el caso de Cirigliano) o prisiones domiciliarias llevan a que hoy no haya detenidos en establecimientos del Servicio Penitenciario por el hecho salvo Ricardo Jaime, que cumple pena por otras condenas.
Por otra parte, el mismo fallo ordenó extender la investigación en el organigrama gubernamental, más en concreto ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio de Vido. Así dio inicio la causa conocida como “Once II”, en la que el exfuncionario entre 2003 y 2015 recibió una condena a cinco años de prisión que, al no haber sido aún ratificada en última instancia por la Corte Suprema, lleva a que la cumpla de manera domiciliaria, a pesar de que su pena fue ratificada por dos tribunales.
