La pareja ha enfrentado robos, difamaciones, malos tratos, noches en la cárcel y accidentes, convencidos de que habían hallado el lugar perfecto para pasar el resto de sus días. Sin embargo, una reciente sentencia judicial ordenó el desalojo y la restitución del terreno.
Aunque enfrentan la posibilidad de perder su hogar, Sandra y Rodolfo aseguran que no se rendirán. “Apelamos la sentencia y ahora podremos presentar la prueba que no pudimos aportar en la primera instancia”, señala Sandra.
Con 42 años de matrimonio a cuestas, esta pareja solía pasar sus vacaciones en la Patagonia, hasta que en 2016 decidieron establecerse permanentemente en una tierra ubicada junto al Lago La Plata, una de las zonas más inhóspitas del país.
“No nos metimos en el terreno de nadie; al llegar pedimos permiso”, relatan. Se acercaron a la municipalidad y les sugirieron trabajar como cuidadores de un camping, manteniendo la zona limpia, a cambio de poder vivir en esas tierras cercanas a Chile, a 120 kilómetros del pueblo más próximo. Les indicaron que debían conversarlo con los concejales.
“El resultado fueron dos juicios, uno penal y otro civil. En el penal salimos absueltos, pero en el civil la justicia dictó una sentencia en nuestra contra. Lo que sucede es que grandes empresarios están comprando la Patagonia”, explica la docente jubilada.
El proceso judicial siguió dos caminos: en el caso penal fueron absueltos, pero en el civil se ordenó la restitución del terreno. Desde el principio, enfrentaron dificultades para conseguir un abogado y, una vez que finalmente contrataron a uno, recibieron un mal asesoramiento.
“Consultamos a una abogada de un importante bufete en Sarmiento (Chubut), que nos aseguró que solo con una simple nota dirigida al juez era suficiente. Resultó ser falso y, según la ley, si no respondiste en tiempo y forma, eres culpable”, explican.
La reciente sentencia del juez Gustavo Antoun confirma que la pareja enfrentó obstáculos para ejercer su defensa debido a la lejanía y las dificultades de traslado, especialmente en invierno. No obstante, interpretó este silencio “como un reconocimiento de los hechos expuestos en la demanda” presentada por la municipalidad.
Sandra y Rodolfo sostienen que ni siquiera está claro cuál es el terreno que el municipio reclama. La demanda menciona el Lote 14 de la Fracción A, Sección G III, en la zona de Bahía Laguito Escondido, sobre la costa del Lago La Plata.
“No hay registros que puedan definir con exactitud los límites del ejido; las tierras fiscales establecidas por la ley XVI N° 86 no están determinadas en ningún mapa”, argumenta su defensa.
Además, hay un dato curioso en el expediente: la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble informa que el lote mencionado está inscrito a nombre de Don José Moisés SRL, una empresa vinculada a la cría de ganado y producción de lana. Uno de sus socios es Cristóbal Manuel López, un empresario asociado al Grupo Indalo, que ha sido implicado en diversas irregularidades.
Si se tratara de tierras privadas, la municipalidad no tendría derecho a reclamar su restitución y desalojo. Sin embargo, el tribunal consideró que la empresa ocupa solo una parte del lote y no toda el área donde vive la pareja.
“Si el único inmueble privado es el de Don José Moisés SRL, todo el territorio que lo excede debe ser fiscal”, afirma la sentencia, que añade que “la identificación y ubicación del lugar es total y perfecta”.
Rodolfo, albañil de oficio, construyó la cabaña con sus propias manos. La edificación, de 7 x 7 metros, cuenta con un entrepiso y un fogón estilo alemán, además de instalaciones de agua y energía adecuadas a su entorno.
La vida en la cabaña es austera y desafiante: mantener el fuego encendido, calentar agua, recolectar leña y cuidar de un invernadero. A Rodolfo le gusta cocinar mientras que Sandra recientemente culminó un libro sobre su experiencia en la Patagonia. Disfrutan de jugar a los dardos y compartir largas charlas. Para muchos, su vida encarna la esencia de “hacer patria”.
“Hemos contribuido mucho desde que vivimos en Lago La Plata: mejoramos el acceso que era intransitable, apagamos fogones que dejaban encendidos turistas, recolectamos basura, despejamos caminos y construimos un muelle”, expresan.
Por ello, la amenaza de desalojo les causa angustia. No pueden imaginar dejar atrás la vida que han construido en ese lugar natural y apartado. Por ahora, se aferran al recurso de apelar, con la esperanza de revertir la situación en una segunda instancia.
“Más que nada, nos desolaba la idea de tener que desarmar todo lo que construimos con tanto esfuerzo. Las piezas ya no podrán servir más”, comentan.
La pareja también sostiene que hay otras edificaciones en la zona y que no son los únicos habitantes. Afirman que algunos espacios son privados y que los turistas no pueden ingresar.
“Un terrateniente construyó un camping en unas tierras cercanas al lago, y un chef famoso posee una isla. Otros parientes de funcionarios han edificado cabañas para alquilar”, añaden.
A pesar de sus afirmaciones, la sentencia resalta que “el municipio ha ejercido la efectiva posesión de todos los inmuebles desde su existencia como una unidad política, regulando el uso del suelo y otorgando concesiones para campings y cabañas”.
Mientras aguardan que la Cámara revise el fallo, Sandra y Rodolfo continúan viviendo en la cabaña que construyeron hace más de diez años. Hoy enfrentan una profunda sensación de injusticia ante la posibilidad de ser despojados de su hogar, donde han decidido pasar sus últimos años. “Lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz”, insisten.
