Existen al menos 50 iniciativas presentadas que ofrecen diversas soluciones, que van desde planes de refinanciación y quitas de intereses hasta la imposición de límites a las tasas, la suspensión de embargos y un mayor control sobre bancos y entidades fintech.
Santiago Pauli, presidente de la Comisión de Finanzas, comunicó que su intención es alcanzar un dictamen para el 30 de septiembre, una fecha que los bloques opositores consideraron excesivamente lejana ante la urgencia de la situación.
El plan incluye dos reuniones informativas, programadas para el martes 8 y el miércoles 16 de septiembre; una reunión con diputados el día 23 y, finalmente, la firma de dictámenes el 30.
Pauli aseguró que su objetivo es unificar los giros de los diversos proyectos, varios de los cuales han sido enviados a otras comisiones, como la de Defensa del Consumidor, cuyos dictámenes son imprescindibles para que las iniciativas puedan ser consideradas en el recinto.
La oposición expresó su rechazo a los plazos propuestos y confirmó la convocatoria a una sesión especial para el próximo miércoles 9 de septiembre, donde buscará establecer un plazo para que las comisiones presenten sus dictámenes. “Hay algo que es transversal a todas las propuestas: la urgencia”, destacó Pablo Juliano (Provincias Unidas). Un diputado de la UCR añadió que la reunión no podía transformarse en “una dilación, una distracción o una tomada de pelo” frente a “un gran número de argentinos que están sufriendo y no saben a dónde acudir”.
Juliano aclaró que la intención de la sesión del miércoles no es sancionar proyectos, sino presionar por un calendario que acelere la respuesta legislativa. También cuestionó la falta de convocatoria a la Comisión de Defensa del Consumidor para debatir el tema.
Myriam Bregman (FIT) tuvo una postura aún más crítica: “El cronograma no puede ser ese. Confirmamos la sesión del 9 de septiembre”, afirmó, criticando lo que consideró una “tomada de pelo” con un cronograma que, según ironizó, “se extiende hasta Navidad”. La diputada del Frente de Izquierda exigió declarar la emergencia y adoptar acciones para “frenar la usura”: “Hay 20 millones de endeudados, de los cuales seis millones están en mora. Es urgente”.
Cecilia Moreau, de Unión por la Patria (UP), también acusó al oficialismo de realizar una “maniobra para ganar tiempo y evitar que esta Cámara actúe”.
Por su parte, el oficialismo defendió la importancia de escuchar a especialistas y alcanzar un consenso antes de proceder. “El plan de trabajo establece que habrá dictamen el 30 de septiembre”, enfatizó Silvana Giudici. La diputada libertaria subrayó que la meta es desarrollar “un proyecto coherente” y evitar decisiones que, según advirtió, podrían destruir la posibilidad de crédito para 40 millones de argentinos.
Laura Rodríguez Machado (LLA) además solicitó que se amplíe la lista de invitados a las próximas reuniones e incluir a representantes de sindicatos y entidades financieras que otorguen préstamos, argumentando que se necesita escuchar “la verdad completa” antes de avanzar con una solución legislativa.
Luego de discutir el cronograma, la Comisión escuchó las presentaciones de varios convidados, entre ellos el economista y exdiputado Martín Tetaz, el exdirector de Anses y referente de la Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano, y el defensor adjunto del pueblo, Arturo Pozzali, entre otros.
Detrás de esta discusión sobre el calendario, se encuentra una lucha política en torno a la sesión del próximo miércoles. Los bloques opositores solicitaron esa convocatoria debido a la lentitud en el tratamiento de unas 50 iniciativas referidas al endeudamiento y la morosidad, que el oficialismo había evitado habilitar en las comisiones bajo su control.
Los libertarios, sin embargo, tomaron la delantera y comenzaron esta semana los debates en las comisiones de Finanzas y Discapacidad, que son presididas por Santiago Pauli y Gerardo Huesen, respectivamente. Con las comisiones en funcionamiento y un calendario formal que promete un dictamen para finales de septiembre, el oficialismo intentará persuadir a sus aliados de que ya no existe el “retardo” que justificó la solicitud de la sesión.
Sin embargo, la oposición dejó claro este miércoles que considera insuficiente este movimiento y mantiene firme la convocatoria para el 9 de septiembre. La discusión ahora se trasladará a los bloques aliados, cuyos votos serán cruciales para que la oposición pueda alcanzar el quórum necesario y avanzar con su planteo.
Los libertarios habían implementado una estrategia similar cuando la oposición buscó acelerar una interpelación seguida de una moción de censura contra el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En aquel momento, se habían mostrado reacios a permitir la discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz. Ante la presión de la oposición, finalmente acordaron una reunión poco antes de la sesión y utilizaron ese gesto para convencer a sus aliados de no dar quórum.
