En la reunión participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el diputado Nicolás Mayoraz; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. Se confirmó que Martín Menem no estuvo presente debido a que se encontraba en La Rioja por el fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, y que Karina Milei no asistió al encuentro.
El objetivo de la Casa Rosada es aprovechar estas conversaciones para reconciliar las diferencias que emergieron tras la firma del dictamen. Desde el sector político se afirma que el asunto “viene bastante bien” y que está avanzando mediante el diálogo, aunque otros funcionarios precisan que la reunión fue de trabajo y que aún no hay una resolución final sobre el texto.
Los desacuerdos se enfocan en los cambios propuestos por el Ministerio de Economía sobre el texto negociado en Diputados. En uno de los sectores involucrados se advierte que las modificaciones solicitadas “no son opcionales”. Desde otro grupo oficial aseguran que solo se considerará un acuerdo si se respeta el contenido que han defendido. Por lo tanto, la discusión permanece abierta.
El conflicto surgió cuando La Libertad Avanza presentó un dictamen que no había sido validado en su totalidad por las áreas de Economía, Salud y Legal y Técnica. Funcionarios cercanos al Ministerio de Economía criticaron el costo fiscal de algunos artículos y solicitaron revisar la redacción antes de llevarla al recinto.
El oficialismo consiguió el 23 de septiembre 42 firmas para el dictamen de mayoría, cuatro de ellas en disidencia. La propuesta fue respaldada por diputados de LLA y sectores del PRO, la UCR y grupos provinciales. El texto sugiere reemplazar la emergencia, que vence a fin de año, por un régimen permanente para las personas con discapacidad.
Entre los puntos destacados, el dictamen conserva las pensiones no contributivas por discapacidad, la compatibilidad con ingresos laborales dentro de ciertos límites, la cobertura médica y la universalidad de los aranceles del nomenclador. Además, establece mecanismos de actualización y aborda cuestiones relacionadas con deudas a prestadores.
El diseño del proyecto presenta tensiones con el capítulo que el Poder Ejecutivo ha incorporado al Presupuesto 2027. Este último propone modificar el régimen de pensiones y eliminar la homogeneidad de los valores del nomenclador, permitiendo a distintos financiadores establecer sus propios aranceles dentro del marco regulatorio.
La discrepancia sobre el nomenclador es uno de los asuntos que se deben resolver. El régimen actual mantiene valores homogéneos y el Gobierno ha estado aplicando durante 2026 actualizaciones mensuales conforme a la inflación. En septiembre, la Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó un aumento del 1,7% sobre los valores de agosto, manteniendo un adicional del 20% para la Patagonia.
También hay un debate sobre las partidas necesarias para implementar el nuevo régimen. Diputados aliados que respaldaron el dictamen han exigido precisiones sobre el costo de aplicar las pensiones, las prestaciones y la cobertura sanitaria, antes de comprometer nuevamente sus votos en el recinto.
Esta presión ha incrementado la necesidad de aclarar la postura oficial. En la conducción parlamentaria, se considera que dar marcha atrás en el acuerdo alcanzado con los aliados podría poner en riesgo el dictamen y abrir la posibilidad de que resurja el proyecto opositor que prorroga la emergencia hasta fines de 2027.
Desde el Ministerio de Economía, en cambio, se busca que cualquier modificación cuente con el respaldo de partidas que sean compatibles con el esquema fiscal del Presupuesto. La discusión involucra no solo la cantidad de dinero a asignar, sino también qué obligaciones se fijan de forma permanente y qué margen conserva el Ejecutivo para gestionar el sistema durante el próximo año.
La reunión posterior a la mesa política tuvo como objetivo reducir esta brecha. Santilli estuvo involucrado en la negociación política, Mayoraz actúa como uno de los conductores parlamentarios del oficialismo, e Ibarzabal Murphy participa en la revisión jurídica. Caputo presentó la posición del equipo económico sobre el impacto presupuestario del proyecto.
Además, el Gobierno debe armonizar esta discusión con el tratamiento del Presupuesto 2027. Los aliados exigen que las obligaciones que queden finalmente en la nueva ley tengan una correspondencia explícita con las partidas presupuestarias, con el fin de evitar conflictos posteriores sobre su financiamiento o aplicación.
Desde la Casa Rosada expresan que las conversaciones han avanzado, aunque aún se abstienen de referirse a un acuerdo definitivo. La prioridad sigue siendo cerrar una redacción consensuada entre las áreas de Economía, Legal y Técnica y la conducción parlamentaria antes de la votación en Diputados, para evitar que el oficialismo presente un texto que continúe siendo cuestionado al interior del propio Ejecutivo.
