Al mismo tiempo, el número total de empresas con una situación financiera fuera de lo habitual en el sistema bancario alcanzó las 58.982, marcando un incremento del 53% en el último año.
En este contexto, el SERF (Score de Riesgo Económico y Financiero) de Fidelitas se situó en 37,7 puntos en septiembre, lo que implica una caída de 0,6 puntos respecto al mes anterior y se clasifica en la categoría de Riesgo Elevado.
Este resultado indica un panorama variado, donde algunas mejoras sectoriales y financieras coexisten con una actividad económica debilitada y una fragilidad crediticia persistente.
Además, el indicador de actividad económica mostró un puntaje de 51,2, influenciado por la caída interanual del EMAE en julio, así como los retrocesos en la industria manufacturera y la construcción, aunque esto fue atenuado por el crecimiento observado en el sector minero durante agosto.
El componente financiero y de precios, por su parte, alcanzó 54,9 puntos, impulsado por una ligera reducción del diferencial entre las tasas de préstamos personales y depósitos. El comercio exterior se destacó con un puntaje de 72,8, respaldado por el superávit comercial registrado en agosto.
“Los datos muestran una tensión cada vez más evidente: las herramientas monetarias que contribuyen a estabilizar la economía también encarecen el financiamiento y profundizan las dificultades de empresas y familias”, afirmó un consultor.
Respecto a la situación de las empresas, el experto agregó: “Con casi 59.000 empresas en una situación bancaria distinta de la normal y un crecimiento del 53% en doce meses, la recuperación del crédito se vuelve una condición central para reactivar la actividad”.
Las tasas de interés reales positivas desempeñan un papel en la estabilización monetaria, incentivando activos en pesos y moderando la demanda de dólares. Sin embargo, cuando estas tasas son altas, encarecen el crédito, restringen el consumo y retrasan las inversiones. El reto radica en equilibrar la desinflación con una recuperación sostenible de la actividad económica.
Las dificultades se ven agravadas por la incertidumbre financiera de cara a 2027. Se estima que la demanda privada de divisas para la dolarización de activos y el pago de dividendos ronda los 2.500 millones de dólares mensuales, mientras que los vencimientos de deuda soberana superan los 25.000 millones de dólares entre capital e intereses durante ese año.
Los rendimientos de los bonos que vencen en 2028 han superado el 20%, y el riesgo país se encuentra por encima de los 550 puntos, reflejando dudas sobre la capacidad de refinanciación y la disponibilidad de reservas.
De cara al cierre de 2026, no se anticipan cambios significativos en el panorama económico. El Gobierno espera un incremento en los ingresos de divisas debido a la cosecha de trigo y la operación del oleoducto Vaca Muerta Sur, aunque los proyectos relacionados con el RIGI podrían tener un impacto más relevante a mediano plazo.
Sin embargo, la incertidumbre política y financiera prevista para el próximo año añade un elemento de precaución a las decisiones de inversión. En este contexto, Argentina debe trascender la lógica del “todo o nada” electoral y garantizar la continuidad de las reglas de juego y los contratos, independientemente de cada cambio político. La previsibilidad es esencial para sostener las inversiones y recuperar el crédito.
