Legisladores de Córdoba, Santa Fe y las provincias del norte respaldan la media sanción del Senado. En cambio, los representantes bonaerenses piden más protección para las pequeñas y medianas empresas de biodiésel. Las diferencias quedaron a la vista en el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería, presidido por el libertario Facundo Correa Llano. El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, llegó al Congreso con una postura definida: “Consideramos que no hay espacio para nuevos cambios”.
Sin embargo, los cuestionamientos de legisladores de Pro, el MID, la UCR y UP mostraron que el consenso del Senado no asegura los votos en Diputados, donde los representantes bonaerenses tienen más peso que en la Cámara alta.
El proyecto crea un régimen nuevo por 15 años y plantea aumentar los porcentajes obligatorios de mezcla de biocombustibles. La proporción de biodiésel en el gasoil pasaría del 7,5% al 10%, y la de bioetanol en las naftas, del 12% al 15%. Los dos aumentos deberían completarse en los 12 meses posteriores a la sanción de la ley.
El principal desacuerdo gira en torno a la distribución del mercado del biodiésel entre las grandes aceiteras y las pequeñas compañías independientes, denominadas “no integradas”. En la actualidad, esas pymes tienen reservado todo el mercado que corresponde al corte obligatorio del 7,5% de biodiésel en el gasoil. La propuesta eleva ese porcentaje al 10%, pero también habilita la participación de las grandes aceiteras.
En una primera etapa, las pequeñas empresas mantendrían una porción exclusiva del 6,5%, mientras que el 3,5% restante se abriría a la competencia. La protección bajaría gradualmente hasta el 4% en 2031 y se eliminaría por completo en 2036. Para las pymes, el cambio implica competir con grandes grupos aceiteros que producen su propia materia prima y tienen mayores economías de escala.
Los legisladores que piden cambios alertan que la apertura podría poner en riesgo la continuidad de unas 25 plantas ubicadas en Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.
Reclamos de cambios
La oposición más concreta llegó de los aliados bonaerenses del oficialismo. Pro presentó una propuesta para subir un punto el corte obligatorio de biodiésel, llevar al 6% la participación reservada a las pymes y extender dos años la transición, de 2036 a 2038. “La media sanción arruina las pymes de biodiésel de la provincia de Buenos Aires”, señalaron desde el espacio. Allí sostienen que esos cambios permitirían sostener la industria regional sin impedir la aprobación de la ley.
El diputado Eduardo Falcone, del MID, también pidió revisar algunos artículos incorporados durante el debate en el Senado. “Hay 25 pymes que deberían competir con multinacionales que encima les tienen que proveer la materia prima”, cuestionó. Luego resumió la dificultad con un ejemplo: “Una pyme de Saladillo no puede competir con Dreyfus o con Cargill”.
Karina Banfi, diputada radical bonaerense de Adelante Buenos Aires, se sumó al pedido de negociación. Advirtió que la regulación podría afectar empleos y empresas estratégicas para la provincia, y llamó a buscar un entendimiento que incluya a todos los sectores. Son dirigentes que suelen respaldar al oficialismo en votaciones importantes, pero que en esta ocasión supeditan su apoyo a cambios para proteger a los productores bonaerenses.
Las provincias que respaldan la media sanción
En la vereda opuesta, la santafesina Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, defendió el texto aprobado por el Senado y cuestionó que las demandas de las empresas no integradas demoren el tratamiento. “Hoy quiero ratificar mi apoyo a este proyecto como está”, sostuvo. Recordó que la propuesta inicial establecía un corte de biodiésel del 15%, pero que el porcentaje finalmente acordado fue resultado de varios meses de negociación. “Prefiero esta ley a quedarnos en nada”, sentenció.
Scaglia, en sintonía con Maximiliano Pullaro, advirtió que en Santa Fe hay plantas detenidas por las restricciones de la legislación vigente. También sostuvo que elevar los cortes permitiría aumentar la producción y el empleo. Los cordobeses aliados al gobernador Martín Llaryora comparten esa posición.
El proyecto también recibió apoyo desde Tucumán. Gladys Medina, del bloque Independencia y aliada del Gobierno, defendió el efecto de la iniciativa en la industria azucarera del norte argentino. “Defendemos la caña de azúcar. Defendemos nuestra industria. Defendemos el trabajo”, afirmó.
Mientras las grandes aceiteras y los productores de bioetanol ven posibilidades de expansión con el nuevo régimen, las pymes independientes de biodiésel reclaman garantías para afrontar la competencia.
Las diferencias en el peronismo
El debate también divide a UP. Legisladores de provincias ligadas a la producción de bioetanol y biodiésel estarían dispuestos a acompañar el proyecto, mientras que los representantes bonaerenses reclaman modificaciones para proteger a las pequeñas empresas.
Victoria Tolosa Paz, diputada por Buenos Aires, propuso elevar el corte obligatorio de biodiésel del 10% al 12,5%, con el propósito de ampliar el mercado y mejorar las condiciones para las empresas no integradas. “¿Qué pasa si en lugar del corte de 10% lleváramos el corte a 12,5?”, preguntó. También advirtió: “Lo peor que nos puede pasar en la Argentina es sancionar una ley que deje capacidad instalada ociosa sin producción y, mucho más grave aún, trabajadores despedidos”.
La posibilidad de aumentar el corte también incorpora al debate los intereses de las provincias petroleras, porque elevaría la proporción de biocombustibles mezclados con el gasoil. Aun así, el neuquino Pablo Todero, de UP, respaldó la propuesta de Tolosa Paz y planteó que todavía es posible resolver las diferencias mediante una negociación.
El jefe del bloque, el santafesino Germán Martínez, intentó acercar las posiciones. Defendió la posibilidad de introducir cambios a la media sanción del Senado, pero pidió que las conversaciones no retrasen el proyecto. “Es probable que los acuerdos alcanzados en la Cámara de Senadores no alcancen para terminar de incorporar a todos los actores productivos”, sostuvo. Llamó a encontrar una alternativa que contemple a la industria del bioetanol, a las grandes productoras de biodiésel y a las pymes no integradas. “Yo creo que podemos conciliar los cuatro intereses”, afirmó.
Martínez también señaló que toda modificación necesitará el respaldo del Senado para que la ley quede aprobada de manera definitiva.
El Gobierno busca evitar otra negociación
Ante las diferencias entre los bloques, el Poder Ejecutivo insistió en mantener el acuerdo alcanzado en el Senado. Veller reconoció que el Gobierno aceptó cambios que no comparte, entre ellos la extensión de tres a diez años del período de transición para las empresas de biodiésel. “El Poder Ejecutivo no se siente cómodo con estos cambios”, admitió el funcionario, aunque señaló que las concesiones fueron necesarias para alcanzar un consenso en la Cámara alta.
Según explicó, la iniciativa busca eliminar de manera gradual los cupos, permitir el ingreso de nuevos competidores y sustituir la fijación administrativa de precios por mecanismos basados en la oferta y la demanda.
El oficialismo enfrenta una negociación que no se limita a la división habitual entre aliados y oposición. Los intereses productivos provinciales atraviesan los bloques y complican la construcción de consensos. Cualquier cambio obligaría a devolver el proyecto al Senado para su ratificación, una instancia que el Gobierno intenta evitar para acelerar la aprobación definitiva.
