Este lunes, a las 10 horas, se reanudó la audiencia del juicio relacionado con los casos Hotesur-Los Sauces, bajo la dirección del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), conformado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. Durante la primera etapa de la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, el proceso se desarrolla de manera virtual. Máximo y Cristina Kirchner siguieron la lectura de manera telemática, al igual que los treinta imputados que enfrentan un mismo cargo: lavado de dinero.
Durante esta nueva audiencia, con la intervención del fiscal Diego Velasco, se brindaron detalles sobre las principales irregularidades cometidas en Los Sauces, lo que permitió establecer que existe una estructura diseñada para el blanqueo de activos. La hipótesis central de la acusación menciona que las empresas Los Sauces y Hotesur actuaron como vehículos para reciclar recursos obtenidos de manera ilegal en licitaciones de obras públicas viales en Santa Cruz y de beneficios otorgados a empresarios próximos al gobierno.
Este entramado se sostenía a través de la simulación de alquileres de propiedades y la contratación de estancias hoteleras por parte de empresas ligadas a estos grupos empresarios, permitiendo así que el dinero ingresara de forma formal y periódica al patrimonio de los exmandatarios.
El circuito unificado de ambas causas implicó contratos, retiros de fondos y transferencias por un valor total superior a los 110 millones de pesos de aquel periodo, maniobras que, según los requerimientos judiciales, resultaron en un incremento patrimonial notable de las firmas y en la utilización directa de fondos y propiedades por parte de los imputados.
En la audiencia se escuchó la descripción de que “los ex presidentes dirigían y controlaban la organización criminal, valiéndose de su rol y de su jerarquía para beneficiar de manera ilegítima a los empresarios mencionados, recibiendo desde el sector privado una porción de lo sustraído a través de las maniobras de lavado de activos investigadas”.
Los inicios de esta trama se remontan a la creación de la inmobiliaria, que posteriormente contaría con dos inquilinos exclusivos: Báez y Cristóbal López. La acusación sostiene que Los Sauces fue creada específicamente para recibir dinero de estos empresarios, quienes a su vez lo obtenían del Estado.
La fiscalía detalló que, a través de las actividades inmobiliarias y hoteleras, “se instrumentaron las maniobras de lavado de dinero y la necesidad de complejizar los 81 mecanismos distintos mediante la creación de sociedades, el otorgamiento de poderes, y la compraventa de propiedades de manera cruzada”.
En cada una de estas 81 operaciones participó el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, quien admitió que se “arrepiente de haber lavado dinero”. Además, se requirió la participación de Ricardo Albornoz y Ludueña, “quienes aportaron a la organización las funciones y conocimientos que su rol como notarios les otorgaba”. La acusación sostiene que todos ellos se ensamblaron como piezas de un rompecabezas, lo que permitió diseñar, establecer y mantener durante más de 12 años un esquema de corrupción sin precedentes.
Cabe recordar que la mayor parte de la facturación de la firma Los Sauces provenía de empresas del Grupo Indalo (65%) y del Grupo Báez (23%).
Durante la audiencia, se leyeron las principales irregularidades detectadas en el funcionamiento de Los Sauces, “todas ellas orientadas a mantenerla en la oscuridad mientras se ejecutaba la maniobra de blanqueo de activos”. Así, en el periodo investigado, para “ocultar lo que ocurría dentro de la empresa, se pudo constatar que la gestión de Los Sauces no tuvo sede social; sus libros sociales y registros contables fueron llevados en franca violación a la ley y no se encontraban en los domicilios declarados ante las autoridades competentes; y tampoco tuvo empleados que trabajaran para el objeto social de la empresa”.
Los Sauces SA jamás tuvo oficinas de atención al público, cartelería ni personal operativo. Los domicilios fueron establecidos de manera simulada o en el estudio contable de Víctor Manzanares, donde únicamente se almacenaba documentación societaria de los expresidentes.
Adicionalmente, Los Sauces funcionaba como una empresa sin empleados. El requerimiento enfatizó que “no tuvo personal que llevara a cabo la actividad de intermediación inmobiliaria, y cuando lo tuvo, registró a dos empleados: al jardinero personal de Cristina Fernández y a su hija Florencia Kirchner, cuyas funciones en la empresa se desconocen hasta el momento”.
La firma no tuvo ningún empleado entre 2006 y mayo de 2010, cuando incorporó a Ramón Ángel Díaz Díaz, quien declaró que había realizado tareas de jardinería doméstica para Cristina Kirchner desde fines de 1990. Recién en junio de 2015 se sumó Florencia Kirchner a la nómina.
La fiscalía concluyó que “la inexistencia de empleados reales que desarrollaran la actividad a la que supuestamente se dedica la firma (negocio inmobiliario) corrobora la hipótesis sostenida por este Ministerio Público Fiscal y demuestra que su inclusión fue únicamente para aparentar tener una infraestructura acorde a la actividad llevada a cabo”.
A estas irregularidades se sumó otra: los libros contables que violaban toda normativa exigida. Se cuestionó la formalización y conservación de los libros sociales y los registros contables de Los Sauces, “pues aquellos fueron llevados contrariando la ley en franca violación a la normativa”.
Se dio lectura a una serie de requisitos establecidos por ley para evitar cualquier circunstancia que pudiera afectar la inalterabilidad de las registraciones contables. Al confrontarlos con los libros de Los Sauces, el Ministerio Público Fiscal sostuvo: “una, varias o quizás todas las prohibiciones legales fueron cometidas”.
Al confrontar los libros sociales y contables incautados, se verificó la existencia de “tachaduras, folios anulados con la inscripción ‘erróneamente’ o ‘anulado’, registraciones de fecha anterior a la rúbrica del libro, asientos no correlativos, además de registraciones cuya operación resulta de imposible localización y discriminación, saldos materialmente imposibles, entre tantas otras falencias”.
Como se pude observar, “fueron numerosas las acciones cometidas con la finalidad de enmascarar o recortar la verdad de los hechos, ya sea a través de la cancelación de actos, de la supresión de información esencial o bien del asentamiento insuficiente o no confiable de información, todo lo cual fue instrumentado intencionalmente para llevar a cabo la maniobra de lavado de dinero”.
La lectura de la acusación llevada a cabo este lunes puso de relieve que la creación de Los Sauces fue solamente el inicio de un plan más amplio, en el que Néstor, Cristina y Máximo Kirchner “incorporaron propiedades, terrenos y hoteles al patrimonio de la sociedad familiar, como paso necesario para la instrumentación y puesta en marcha de la maniobra de reciclaje de fondos de origen ilícito”.
Para los acusadores, el abastecimiento de activos se estructuró en dos etapas: entre diciembre de 2006 y agosto de 2010, los exmandatarios cedieron lotes personales como aportes irrevocables de capital y “encomendaron a su socio, Lázaro Báez, la construcción de edificios con departamentos en ellos”, mientras que simultáneamente adquirían nuevos terrenos y plazas hoteleras en representación de la firma.
La operativa inmobiliaria no respondió a una dinámica comercial convencional ni buscó establecer una cartera abierta de clientes. La imputación fiscal destacó que “la mayoría de los bienes inmuebles incorporados a Los Sauces fueron luego alquilados a las empresas del Grupo Indalo y del Grupo Báez, con el objetivo de llevar a cabo a partir de enero de 2009 el proceso de canalización de fondos ilícitos a favor de la empresa perteneciente a los ex presidentes.”
