El Departamento Técnico Cibercrimen de la fuerza policial lleva a cabo una verificación criptográfica con el objetivo de analizar a fondo las direcciones de criptoactivos que el exfuncionario presentó ante la justicia. Este indicó que hubo actividad en dichas billeteras entre 2014 y 2018, según trascendió.
El fiscal ha solicitado averiguar qué tipo de direcciones fueron facilitadas por Adorni, evaluar si es posible verificar si estas son “en custodia o de autocustodia” y establecer desde cuándo existen y quién las creó.
Además, se indagará si las claves privadas podrían haber sido almacenadas “en soportes no electrónicos sin dejar rastro digital”, aludiendo a la paper wallet mencionada en una entrevista.
Respecto a los 41 movimientos registrados en las billeteras, la PFA debe determinar si fueron efectuados por una misma persona o si hubo la intervención de terceros, así como identificar a quienes controlaban dichas operaciones. También se evaluará si la persona que actualmente posee las claves es la misma que las gestionó entre 2014 y 2018.
Por otra parte, se busca información sobre la normativa que regía en Argentina en relación con las monedas virtuales durante el período comprendido entre 2014 y 2018, y el alcance de la Resolución UIF 300/2014 referida a la prevención del lavado de dinero mediante criptomonedas.
Igualmente, se investigará si existe un registro obligatorio de plataformas de intercambio o proveedores de servicios de activos virtuales, además de los plazos mínimos de conservación de registros que regían en las principales jurisdicciones donde operaban estas plataformas, en relación con las operaciones realizadas entre 2017 y 2018, cuando Adorni liquidó sus activos.
Recientemente, el abogado de Adorni, Matías Ledesma, se presentó en la Fiscalía Federal N°11 con las claves de acceso a las direcciones aportadas a la justicia, como respaldo de su situación patrimonial. En dicha instancia, generaron un “mensaje de desafío” que fue insertado y firmado dentro de cada billetera, lo que corroboró su existencia y confirmó su control sobre los movimientos realizados.
Estas billeteras de bitcoin fueron objeto de atención judicial tras las declaraciones de Adorni, quien explicó recientemente que los US$ 591.000 que no había declarado y que incluyó en una corrección de sus declaraciones juradas provenían de “ventas de activos.”
