Según información judicial, Igón habría recibido dos dosis de la vacuna contra el Covid en el Hospital Zonal de Esquel antes de que le correspondiera, en febrero de 2021, durante la crisis provocada por la pandemia. En aquel momento, el exdiputado ocupaba su banca en el Congreso, alineado con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
La acusación que pesa sobre Igón guarda similitudes con la investigación del “vacunatorio VIP”, que se lleva a cabo en los tribunales federales de Comodoro Py. En ambos casos se examina si hubo personas inmunizadas que no deberían haber sido priorizadas en ese periodo en detrimento de otros grupos de riesgo.
Antes de que su apelación llegara a la Corte, donde los magistrados desestimaron la estrategia de la defensa, que pretendía evitar el juicio mediante una donación a un hospital local, Iguón ya había sido procesado por el juez federal de Esquel, Guido Otranto. Esta decisión fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
Las fuentes judiciales indicaron que Igón enfrenta cargos por supuesta aceptación de dádiva, al igual que el encargado de supervisar el operativo de vacunación en ese entonces. A los 43 años, Igón se habría registrado en la plataforma “Vacunate Chubut” alegando tener condiciones de riesgo, aunque la denuncia sostiene que al presentarse en el centro de vacunación habría argumentado su cargo de legislador.
Más de cuatro años después de los hechos, en septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia aceptó una solicitud de la defensa que proponía una reparación del perjuicio a través de un desembolso de aproximadamente $3 millones al Hospital Provincial de Chubut, en Esquel. Sin embargo, la fiscalía apeló esta decisión y la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón, revocando así la resolución que extiende la acción penal. La Corte Suprema desestimó el recurso por considerarlo inadmisible.
Esta causa se diferencia del caso del “vacunatorio VIP” que se está tramitando en los juzgados de Comodoro Py, el cual recibió novedades en agosto, cuando la jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria a diversas figuras, incluidas el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, así como a sindicalistas y legisladores. Estas personas están acusadas de haber recibido vacunas que no les correspondían en el mencionado “vacunatorio VIP”, que operó en el Ministerio de Salud mientras Alberto Fernández era presidente.
Las citaciones fueron solicitadas por el fiscal Eduardo Taiano, que luego de una resolución de la Cámara Federal hace dos años, amplió la investigación no solo a los funcionarios que autorizaron las vacunaciones, sino también a aquellos que vacunados al momento de la pandemia.
La primera parte del expediente contra los funcionarios ha sido elevada a juicio oral. Hasta el momento, solo tres imputados enfrentan juicio por abuso de autoridad y peculado: Marcelo Ariel Guille, exsecretario del entonces ministro de Salud Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, exdirector ejecutivo del Hospital Posadas. También se estaba indagando al fallecido Ginés González García, quien renunció en febrero de 2021 tras el estallido del escándalo.
