La medida, que se enmarca dentro de un proceso más amplio de modernización de la infraestructura de pagos, fue diseñada a partir de insumos del ecosistema local de pagos, y en una fase posterior se prevé su expansión a otros cobros recurrentes, como servicios públicos.
Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, señaló que si bien el CCT representa un avance en la infraestructura de pagos, su impacto en los índices de morosidad puede ser moderado. Aseguró que “esta medida es un avance en la infraestructura de pagos, orientado a modernizar y profesionalizar el cobro de cuotas de préstamos, pero su impacto sobre la morosidad será probablemente moderado y acotado”.
El CCT es una modalidad de transferencias inmediatas enfocada en la cobranza de cuotas, diferenciándose del débito automático tradicional al incorporar medidas para prevenir fraudes y proteger a los usuarios. Se basa en reglas estrictas sobre el consentimiento, la notificación previa y límites en los reintentos.
Este sistema solo contempla el cobro de cuotas fijas y uniformes durante la duración del contrato, excluyendo créditos con cuotas variables o esquemas de amortización más complejos. Además, el BCRA ha establecido un límite en la relación entre cuota e ingreso del solicitante, que no puede superar el 30% al momento de otorgar el crédito, buscando así prevenir el sobreendeudamiento desde el inicio.
Di Pace indicó que esta herramienta puede ser útil para evitar retrasos debidos a olvidos o demoras administrativas cuando el deudor mantiene fondos disponibles en su cuenta. Explicó que “el sistema elimina la necesidad de transferencias manuales recurrentes y estandariza un mecanismo interoperable entre entidades”.
Un aspecto clave dentro del proceso de cobranza es el consentimiento. El CCT requiere el consentimiento expreso y único del cliente para debitar su cuenta; sin este, no es posible realizar cobros. Según el economista, “el CCT solo puede activarse si la persona otorga previamente un consentimiento expreso, por única vez, para debitar la cuenta específica que elija (bancaria o virtual)”.
El consentimiento se proporciona generalmente al momento de originar el crédito y puede ser revocado de inmediato a través de canales electrónicos. Esta facilidad de revocación es parte de las garantías ofrecidas por el BCRA, que asegura la baja del consentimiento tanto ante el prestamista como ante la entidad que mantiene la cuenta debitada, sin que el usuario deba enfrentar plazos administrativos.
Respecto al traspaso automático de créditos anteriores a este nuevo sistema, Di Pace aseguró que ello “no se contempla una migración automática ni unilateral, el acreedor no puede incorporar el CCT a un contrato anterior sin el consentimiento expreso y previo del deudor, ni hacerlo sin aviso”.
El BCRA exige también que los prestamistas notifiquen a sus clientes de manera electrónica el día hábil anterior al débito, permitiendo así que el deudor verifique si cuenta con los fondos correspondientes o tome medidas alternativas para abonar la cuota.
La normativa impone límites a los intentos de ejecución de cobro para evitar prácticas abusivas, permitiendo un primer intento y hasta dos reintentos adicionales a las 48 y 96 horas si el primero falla. Si tras estos intentos no se logra el débito, la cuota se considera impaga. Di Pace aclaró que, “si el intento de cobro falla, se generan intereses punitorios como si el pago no se hubiera realizado, sin cargos adicionales por intento fallido”.
El sistema no añade cargos extra por un intento de débito fallido, funcionando como lo haría cualquier otro medio de pago. Así, se busca automatizar el proceso dentro de los términos previamente acordados, sin endurecer las condiciones de la mora existente.
El CCT estará disponible únicamente para entidades financieras y proveedores no financieros de crédito autorizados por el BCRA, excluyendo a actores no regulados. El organismo también ha introducido la figura del aceptador de CCT, quien será el único autorizado para implementar este mecanismo de cobro, promoviendo la competencia y la interoperabilidad entre distintos esquemas de transferencias inmediatas.
En cuanto a costos, se estableció un arancel mínimo del 0,6% que los prestamistas deben pagar por cada cuota cobrada, con una distribución proporcional entre los involucrados en el esquema. Esta disposición ha suscitado preguntas entre asesores financieros, ya que cualquier costo nuevo en la cadena de cobranza puede reflejarse en la tasa que abona el cliente. Di Pace indicó que este costo adicional “debería ser marginal” aunque requiera adecuaciones tecnológicas.
Se espera que la automatización y estandarización del proceso de cobro, que el CCT propone, contribuya a reducir costos operativos, compensando así el nuevo arancel y evitando un aumento generalizado en las tasas para los usuarios finales.
Un aspecto importante de la normativa es la asignación de responsabilidad en caso de fraudes al prestamista, con el objetivo de alinear los incentivos respecto al uso responsable del CCT. Esta definición busca que las entidades revisen sus protocolos internos de validación de identidad y gestión de consentimientos antes de la implementación del nuevo sistema.
Además de sus efectos sobre el deudor, el CCT impactará en bancos, fintechs y proveedores no financieros de crédito, que deberán adaptar sus sistemas para cumplir con los nuevos requisitos de notificación, límites de reintento y consentimiento expreso antes del 31 de agosto.
Por otro lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) comenzará a otorgar financiamiento a largo plazo para créditos hipotecarios de primera vivienda, con una tasa máxima de UVA+7,5%, inferior a la que ofrecen hoy en día la mayoría de las entidades bancarias.
Este mecanismo se implementará a través de licitaciones del FGS, con el apoyo del BCRA, por un monto total de $2 billones, buscando abordar el descalce de plazos que enfrentan los bancos al ofrecer créditos a 15 años o más, con depósitos que generalmente no superan los 30 días.
Caputo afirmó que esta medida “va a permitir acelerar el nivel de créditos hipotecarios”, estimando que podría beneficiar a unas 18.000 familias. Esta iniciativa se complementa con la reciente flexibilización de los créditos en dólares para empresas, en un intento del Gobierno de dinamizar tanto la oferta como la demanda de crédito.
