Como se había anticipado, este documento fue acordado entre el Gobierno y la CGT con el fin de aclarar la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, tras el Decreto 407, que había limitado aún más las cuotas solidarias y las contribuciones patronales a través del convenio colectivo, las cuales son esenciales para el financiamiento de los sindicatos.
CATSE, que representa a pequeñas y medianas empresas de transporte de cargas y logística en la provincia, sostiene que el nuevo decreto incrementa de manera inmediata un 18,87% el costo mensual por trabajador al cambiar la base de cálculo de aportes y contribuciones laborales. La demanda judicial argumenta que este ajuste supone una carga insostenible para las pymes del sector y vulnera derechos estipulados por la Constitución Nacional y normativas federales. Si el pedido es aceptado, se trataría de un golpe significativo para la estructura del Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano.
Encabezada por su presidente, Federico Lo Bruno, la presentación de CATSE busca frenar las consecuencias del Decreto 612/2026, que, según indica, incrementó los costos sin que se haya modificado la legislación ni los convenios colectivos vigentes.
El centro de la controversia radica en la metodología de cálculo de los aportes y cargas económicas que se suman a los salarios, estipulada por el artículo 9° de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, recientemente modificada por la Ley 27.802. Hasta junio de 2026, la base de cálculo era el salario básico convencional de cada trabajador, tal como lo establecía el anterior Decreto 407. No obstante, el nuevo decreto incluyó ‘las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual’ en dicha base.
De esta manera, para el convenio del sindicato de camioneros, un chofer de primera categoría tenía un salario básico de $1.060.010,29, pero con la nueva fórmula, se eleva a $1.260.010,29. Esto implica un incremento de $200.000 adicionales por trabajador cada mes, lo que representa el aumento del 18,87% mencionado en el amparo.
La cámara presidida por Lo Bruno argumenta que este incremento no deriva de la ley ni de acuerdos colectivos, sino de una decisión administrativa del Poder Ejecutivo. Esta aplicación automática afecta el flujo de caja de las empresas, especialmente en un sector donde el costo de la mano de obra es el principal gasto.
Además, se manifiesta que el decreto no solo incrementa los costos, sino que lo hace perjudicando la previsibilidad y seguridad jurídica para las empresas al modificar abruptamente un sistema en vigor desde principios de junio. CATSE informa que el Decreto 612 comenzó a regir desde su emisión el 17 de julio, aunque se publicó solo el 20. Por ende, solicitan que la Justicia declare que no puede exigirse su cumplimiento en ese intervalo, dado que ‘las normas solo obligan una vez que son publicadas’.
En el amparo, se reclama que se reconozca el derecho de las empresas a que los pagos realizados entre el 1° de junio y el 20 de julio sean considerados ‘intangibles’, lo que implicaría que la nueva norma no podría utilizarse para reclamar diferencias retroactivas.
Un punto clave de la acusación es que el Poder Ejecutivo Nacional ha asumido poderes que corresponden al Congreso. Según la presentación, solo el Parlamento tiene la autoridad para establecer límites y bases de cálculo para este tipo de obligaciones, y cualquier alteración a través de un decreto es vista como un ‘exceso reglamentario’.
La cámara sostiene que el propio Estado nacional fijó primero una base y luego la modificó sin mediación de ley. ‘Las empresas ajustaron presupuestos, tarifas, estructuras y decisiones de contratación en función del régimen que el Estado estableció y publicó el 1° de junio de 2026. Cuarenta y siete días después, el mismo Estado, sin cambios legales, agravó ese régimen con pretensión retroactiva’, indica la demanda.
Por otro lado, CATSE advierte que actualmente hay ‘tres fuentes superpuestas e incompatibles’ que generan una situación de ‘indefinición casi total’: el Decreto 407 (que fijaba la base anterior), el Decreto 612 (que la amplió) y una medida judicial que suspendió parcialmente el primero. Por ello, solicitan urgentemente una medida cautelar para que el Poder Ejecutivo no aplique el Decreto 612 a las empresas representadas, manteniendo temporalmente el sistema anterior hasta que se emita una sentencia definitiva.
El texto destaca que el daño que ocasionaría la norma es ‘inminente, mensual, acumulativo y de imposible reparación ulterior’. Cada liquidación salarial conlleva un costo extra que, para muchas pymes, podría resultar en embargos bancarios y paralización de su actividad habitual.
Sin embargo, aclara que los montos discutidos en el decreto no afectan los ingresos de los choferes de camiones ni ningún otro ingreso esencial, dado que se trata únicamente de cargas patronales dirigidas al sindicato. ‘Los trabajadores continuarán percibiendo la totalidad de sus remuneraciones convencionales, con todos sus adicionales, exactamente igual que antes de la medida. Lo único que la cautelar alcanza es el flujo de cargas patronales dirigidas a las estructuras colectivas’, señala.
Para respaldar su solicitud, la cámara presentó informes contables sobre tres empresas (pequeña, mediana y grande) donde se cuantifica el impacto mensual y anual de la medida, junto con el porcentaje que representa sobre el margen operativo.
La legitimación de CATSE para reclamar ante la Justicia se fundamenta en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que permite a las asociaciones presentar amparos en defensa de derechos ‘de incidencia colectiva’. También se cita jurisprudencia de la Corte Suprema, en particular el fallo ‘Halabi’ sobre la protección colectiva de derechos.
Las empresas representadas, según el amparo, son ‘en su inmensa mayoría, pequeñas y medianas empresas dedicadas al transporte de cargas’. Todas ellas han expresado su adhesión a la acción, cuyos nombres fueron anexados en la presentación.
CATSE argumenta que el camino del reclamo individual sería ‘económicamente inviable’ para cada empresa, haciendo que la acción colectiva sea la única forma de tutela judicial efectiva frente a un sobrecosto que se multiplica en el tiempo.
El escrito declara que el universo alcanzado por este reclamo son ‘empresas de transporte de cargas y logística asociadas a CATSE’, que emplean trabajadores incluidos dentro de los convenios colectivos afectados. Se aclara, además, que no existe otro proceso colectivo con el mismo objeto y tipo en curso. Se hace hincapié en que hay una causa en el fuero laboral iniciada por el sindicato que lidera Hugo Moyano, pero allí los intereses y la parte actora son ‘frontalmente opuestos’ (trabajadores contra empresas).
