La discusión se intensificó después de la última reunión, que culminó con tensiones entre los diputados y la decisión de suspender el plenario de las Comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal. Se retomó así el análisis del proyecto de Soberanía Nacional, que no guarda relación directa con Malvinas. Los expositores expresaron su preocupación por la gravedad de la propuesta gubernamental, aludiendo a que “es una ley ómnibus” y advirtiendo que se asemeja a “un caballo de Troya”. También criticaron la reactivación de la doctrina de seguridad nacional, la delegación de facultades extraordinarias al Consejo de Seguridad y la creación de un marco normativo que busca “policializar” las Fuerzas Armadas. El oficialismo tiene como objetivo obtener un dictamen el próximo 14 de octubre. Por su parte, Unión por la Patria (UxP) solicitó centrarse en los primeros 40 artículos, que son los únicos vinculados al archipiélago, para intentar formular un texto consensuado. El diputado de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, utilizó la ocasión para defender su visita a represores condenados. “Es una buena costumbre acompañar a los enfermos, visitar a los presos y ayudar a los necesitados”, manifestó al final de la reunión, donde se escucharon las críticas de expertos hacia la propuesta oficial. Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), fue el primero en solicitar el rechazo al proyecto del oficialismo, indicando que se está “asistiendo a una galtierización del Gobierno”. También subrayó que el Gobierno ya posee las herramientas legales para sancionar a empresas extranjeras que operan sin autorización en la Cuenca Malvinas Norte. Daniel Filmus, exsecretario de Malvinas y Atlántico Sur, fue otro de los oradores que cuestionó la rapidez con que se pretende tratar este tema. Según trascendió, la bancada violeta intentará tener dictamen para el 14 de octubre. “No hay urgencia en aprobar la ley”, dijo, pidiendo un consenso unánime desde el Congreso. También criticó la segunda parte del proyecto, sugiriendo que facilita la permanencia del Reino Unido en las islas. Juan Ratembach, investigador sobre la Cuestión Malvinas, también abogó por un proyecto consensuado y sugirió “desdoblar” la iniciativa, separando los capítulos realmente relacionados con el archipiélago de los otros siete. Germán Martínez, presidente del bloque de UxP, indicó que sería conveniente focalizarse en los primeros 40 artículos, instando al oficialismo a fragmentar el proyecto y trabajar en el primer título. Exigió, además, la presencia de funcionarios que respondan a Karina Milei, dado que no se prevé la participación del canciller Pablo Quirno ni del ministro de Defensa, Carlos Presti, en las reuniones. Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas, criticó la posible persecución habilitada por el proyecto, cuestionando: “¿Vamos a utilizar la cuestión Malvinas para acosar a periodistas y a nuestros jóvenes?”. También solicitó el restablecimiento del Consejo de Malvinas, desmantelado por la administración de Milei. Paula Litvachky, abogada y directora ejecutiva del CELS, cuestionó la iniciativa del Gobierno, resaltando las implicaciones de reorganizar el Estado bajo la lógica de la seguridad nacional y los “serios problemas de constitucionalidad” que plantea. Alertó que esta noción de seguridad nacional justifica una centralización del poder en el Ejecutivo y la aplicación regular de medidas excepcionales. Luciano Anzelini, académico, notó la falta de menciones al Reino Unido en el texto y coincidió con otros expositores en destacar que se está ante un proceso “de militarización de la seguridad pública”, al tiempo que criticó la intención de “policializar las Fuerzas Armadas”. También se plantearon interrogantes sobre la Base Aeronaval Punta Indio; David Angueira, intendente de esa localidad, cuestionó el Plan Dédalo, que prevé el traslado de capacidades y personal hacia la Base Aeronaval de Bahía Blanca.
Controversias en torno al proyecto de Soberanía Nacional: “Es un caballo de Troya”
