Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, en mayo se registraron 12,4 millones de aportantes. Dentro de este total, el 76,2% trabaja bajo relación de dependencia. Además, un 2,9% corresponde a trabajadoras de casas particulares, y el 20,9% restante se compone de trabajadores autónomos.
En términos absolutos, los empleados del sector privado son el grupo mayoritario de aportantes, sumando 6 millones. Les siguen los inscriptos en el régimen de Monotributo y aquellos en relación de dependencia de otros marcos, ambos con 2,2 millones de contribuyentes.
En comparación con el año anterior, el total de aportantes se redujo en 38.532 personas. “Esta caída se explica principalmente por la disminución de los trabajadores en relación de dependencia, que perdió 140.659 aportantes. Dentro de este segmento, los asalariados del sector privado fueron los más afectados, con una reducción de 108.378, seguidos por el sector público, que perdió 36.034”, indica el informe.
Contrariamente, el número de aportantes al régimen de Monotributo aumentó, incorporando a 71.514 nuevos trabajadores. Las trabajadoras de casas particulares también reportaron un incremento, sumando 29.923 personas.
Es relevante mencionar que, según los últimos informes de la Secretaría de Trabajo, en abril el empleo asalariado registrado experimentó una caída del 0,1% mensual y del 1,4% interanual. Comparado con noviembre de 2023, el retroceso es del 3,2%, lo que se traduce en 329.667 puestos de trabajo perdidos en este sector.
Esta disminución mensual se debe, en gran medida, a la contracción del empleo asalariado privado, que se redujo un 0,2%, marcando así once meses de descenso. Por su parte, los datos de mayo de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) sugieren que el empleo asalariado formal en las empresas de los principales núcleos urbanos del país sigue en caída.
De acuerdo al Indec, en los primeros tres meses del año había 12.887.000 asalariados privados en el país, de los cuales 5.622.000 carecían de registro, lo que representa una tasa de informalidad de 43,6%.
Al mismo tiempo, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reportó en mayo 6,8 millones de beneficiarios de jubilaciones y pensiones. De estas prestaciones, el 46,4% corresponde a personas que accedieron a través de moratorias previsionales, mientras que el 44,3% lo hizo mediante el régimen ordinario.
Por lo tanto, quienes se beneficiaron de las moratorias continúan superando ligeramente en número a aquellos que cumplieron con los requisitos del sistema regular. Al comparar con mayo de 2025, el total de beneficiarios aumentó en 73.727 personas, lo que equivale a un crecimiento interanual del 1,1%. Este aumento se debe a la incorporación de 32.951 nuevos beneficiarios en el SIPA y 40.776 en otros regímenes previsionales.
Al desglosar las prestaciones del SIPA, se evidencia un cambio en el acceso a los beneficios: las jubilaciones y pensiones ordinarias sumaron 58.863 beneficiarios más que el año anterior, mientras que las otorgadas mediante moratorias disminuyeron en 25.912 casos.
Con la combinación de un menor número de aportantes, la contracción del empleo registrado y los altos niveles de informalidad, se genera nuevamente presión sobre el financiamiento del sistema previsional. A pesar del crecimiento en el número de jubilados y pensionados, la base laboral que sostiene los aportes no crece al mismo ritmo, lo que agrava la difícil tarea de garantizar la sustentabilidad de la seguridad social en el mediano y largo plazo.
