Urribarri y Aguilera fueron trasladados a la ciudad de Paraná, donde quedarán a disposición del sistema judicial para comenzar a cumplir con las penas impuestas. La detención se produjo pocas horas después de que el tribunal supremo desestimara los recursos presentados por las defensas. La medida fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El exfuncionario había sido sentenciado el 7 de abril de 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por parte del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. La investigación se centró en el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial del gobierno provincial entre 2010 y 2015, periodo en el cual se realizaron pagos a empresas inexistentes y se utilizó un esquema de testaferros, supuestamente en beneficio de Aguilera. Además, la causa abarcó gastos vinculados a la Cumbre del Mercosur que se llevó a cabo en Paraná en 2014.
En este mismo caso, Báez y Aguilera fueron condenados a seis años de prisión. La decisión del máximo tribunal también afectó a otros seis condenados que habían interpuesto recursos: Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Luciana Belén Almada y Pedro Ángel Báez, cuyos planteos fueron rechazados.
Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015 y luego cumplió funciones como embajador argentino en Israel. En noviembre de 2024, había sido detenido durante 50 días por orden de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos debido al riesgo de obstrucción del proceso, pero esa medida fue revocada en enero de 2025, y desde entonces se encontraba en su hogar a la espera de la resolución definitiva.
La Corte Suprema de Justicia también confirmó su condena por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, relacionada con la manipulación de contrataciones de publicidad oficial. La investigación reveló que Urribarri dirigió dichas contrataciones para intereses privados, con Aguilera señalado como el responsable de un esquema de testaferros y cartelización que buscaba captar fondos de los anuncios estatales en espacios públicos.
Los puntos centrales de la acusación incluyeron el otorgamiento de publicidad estatal a la empresa Global Means antes de que esta existiera de manera efectiva, el control del negocio de cartelería oficial durante cinco años a través de las firmas Tep SRL y Next SRL, y la conocida megacausa del “Sueño Entrerriano.”
