En una conversación con el programa Tiempo de Policiales, que se transmite por ATP Stream, Álvarez reconstruyó los pormenores de la causa y realizó serias acusaciones contra el fiscal, responsabilizándolo de “fraguar pruebas, tergiversar testimonios” y “perder el deber de objetividad” en su afán por sostener una condena que, tras un largo proceso judicial de un año y medio, terminó siendo desestimada.
Álvarez era el jefe de una comisaría en Rosario en 2014, cuando Franco Casco, oriundo de Florencio Varela, fue detenido. Según su relato, se dio inmediata intervención al fiscal de turno, y esa misma noche a las 22:00, Franco Casco recuperó su libertad y firmó el acta de excarcelación. Sin embargo, dos días más tarde, los familiares de Casco se presentaron en la seccional para preguntar por él y la Policía les mostró el libro de guardia, evidenciando su liberación. A finales de octubre de ese mismo año, el cuerpo de Casco fue hallado flotando en el río Paraná.
Las autopsias determinaron que la causa de muerte era indeterminada, aunque se sugirió un diagnóstico orientativo de asfixia por sumersión, sin ningún tipo de lesión visible. No obstante, la hipótesis de responsabilidad policial nunca fue descartada. Dos años y medio después de la desaparición de Casco, esta línea de investigación culminó con la detención de Álvarez y de toda la guardia de la comisaría.
“Estuve casi seis años detenido”, relató el comisario, quien también mencionó que un vecino que había llamado a la Policía para solicitar su presencia terminó imputado en la causa y también debió enfrentar un juicio, del que logró salir absuelto. “El vecino, por el simple hecho de haber llamado a la policía, también resultó imputado en la causa”, precisó Álvarez. De unas 30 personas detenidas en septiembre de 2017, 19 fueron llevadas a juicio, entre ellas Álvarez, y todos resultaron absueltos.
El comisario fue enfático a la hora de describir el fallo judicial: “Fuimos absueltos por el tribunal que nos juzgó, absueltos de culpa y cargo, ni siquiera por el beneficio de la duda, sino claramente se habló de la absolución de los hechos que se nos imputaban”. A lo largo del juicio, Álvarez afirmó haber declarado en seis ocasiones, en sesiones que duraban entre una hora y media y tres horas.
“Cada vez que prestaba declaración… les decía: ahora los insto a las partes, tanto a la querella como al fiscal, a que me hagan todas las preguntas que quieran en relación al caso”, contó, explicando su motivación: “Porque lo que quiero es despejar cualquier duda, para que no haya nada que no hayan investigado. No tengo absolutamente nada que esconder”. Según su testimonio, en muchas ocasiones, el fiscal “se calló y no hizo ningún tipo de pregunta”.
La absolución debía ser confirmada por el Tribunal de Casación. En esta instancia, según la denuncia presentada por Álvarez, Arrigo presentó un escrito que distorsionaba testimonios y hechos ya analizados durante el juicio oral, lo que resultó en la anulación de la sentencia absolutoria y la orden de dictar una nueva resolución. “Lo que no es derecho del fiscal, y lo que no puede hacer y es lo que yo denuncio, es mentir”, subrayó Álvarez.
El excomisario describió con claridad la actuación del fiscal ante Casación: “Se presenta en Casación inventando una serie de elementos”, y añadió: “Directamente se presenta y miente, lisa y llanamente”. En defensa de su posición, trabajó junto a su abogada para preparar un video de dos minutos que incluye cinco casos específicos en los que se contrastaban las declaraciones de los testigos durante el juicio con lo que Arrigo sostuvo posteriormente ante el tribunal superior.
Como caso testigo, Álvarez destacó el testimonio de la alférez Noelia López respecto a las muestras de sangre en un calabozo. “Le preguntan si se limpia, si se sigue detectando muestras de sangre, y la alférez dijo que no, que han hecho pruebas de que incluso con lavandina no puede lavarse; si hay sangre, sigue dando positivo al reactivo”, relató. Álvarez añadió: “El doctor Arrigo, cuando fue a Casación, dijo lo contrario: dijo que ella afirmó que si se limpiaba eso desaparecía. Dijo algo completamente diferente”.
Consultado sobre la lógica detrás de la acusación que enfrenta, Álvarez fue contundente: “Tendría que haber presentado pruebas que evidenciaran mi culpabilidad, pero evidentemente nunca las iba a encontrar, ¿por qué? Porque el hecho que se nos imputaba no había ocurrido”. También reiteró: “No habrá ningún registro de llamada contradictorio, ni confesiones de ninguno de nosotros, ni que hubiéramos intentando obstaculizar de alguna manera la investigación, porque el hecho imputado es uno que no cometimos”.
Álvarez insistió en que el fiscal avanzó en su acusación a pesar de la contundencia de la evidencia en su defensa: “Toda la prueba demuestra nuestra inocencia. Arrigo pensó que igualmente tal vez no lo iba a perder en el juicio, y al final lo perdió, pero solamente por una cuestión de justicia”.
Asimismo, subrayó que el fiscal nunca refutó los puntos que contradicen su hipótesis inicial: “Si decís que la policía mató a Franco Casco, ¿cómo explicas la presencia de Franco Casco caminando en una grabación de video en la vía pública después de haber salido de la comisaría?”. Álvarez es padre de tres hijos: Agustín, de 22 años; Juana, de 15; y Catalina, de 12 años. Durante su detención, estuvo recluido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, a 400 kilómetros de su familia, incluyendo todo el tiempo de aislamiento causado por la pandemia.
“Cuando recuperé la libertad, Catalina había pasado más tiempo sin su papá, o viéndolo detrás de las rejas, que teniéndolo en casa”, reflexionó sobre su hija menor. “No haber estado en su cumpleaños número 7, ni en su cumpleaños número 8, o no haber estado con mi hijo cuando asistía a los cumpleaños de 15 de sus compañeras… es algo que no se puede recuperar”, agregó con pesar.
Con este trasfondo, Álvarez y su equipo legal decidieron presentar la denuncia contra Arrigo ante la Procuración General de la Nación. “Creemos que ha cometido un delito, entre ellos instigación al prevaricato, actuando maliciosamente, porque lo que está haciendo es deslealtad procesal”, explicó el comisario, quien destacó que ahora será la Procuración la encargada de determinar si se trata de una falta administrativa o si existe, como sostienen, un aspecto penal en juego.
En paralelo a la denuncia, Álvarez y sus compañeros de causa esperan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el recurso que presentaron contra la resolución de Casación, para ratificar la absolución que obtuvieron en 2023. “Estamos tramitando la ratificación de la absolución ante la Corte Suprema de la Nación”, precisó, y subrayó que estas son dos vías judiciales independientes: una busca confirmar su inocencia y la otra, sancionar la conducta del fiscal.
Finalmente, el comisario dejó en claro su intención de hacer pública su historia: “No hay que olvidar que el fiscal Arrigo es, en última instancia, un empleado público, que debe rendir cuentas sobre sus actos y las razones detrás de sus decisiones”. Y concluyó: “Si esto me pasó a mí, mañana le puede pasar a cualquier otro, que le inventen una causa y que el fiscal mienta directamente para lograr estadísticas de condenas”.
