Junio cerró con un déficit fiscal, marcando la primera vez en el año que esto ocurre. Esta situación se debió a una menor recaudación, influenciada por la postergación en la fecha de pago del impuesto a las Ganancias, además de costos presupuestarios más altos relacionados con los aguinaldos de los empleados públicos y los subsidios a la energía.
A pesar de ello, el primer semestre concluyó con un superávit primario, que es la variable que monitorea el FMI, equivalente a un 0,6% del PBI, excluyendo los pagos de intereses de deuda.
El objetivo anual es alcanzar un 1,4% del Producto Interno Bruto, y existen metas intermedias que, aunque no son definitivas, suelen ser consideradas durante las evaluaciones técnicas trimestrales.
La consultora Outlier destacó que aunque el superávit primario en términos generales sobrepasó el umbral estipulado en el acuerdo con el FMI, es importante restar los “ingresos extraordinarios” que no son considerados por el organismo, como los ingresos provenientes de la privatización de las represas del Comahue a principios de año.
Outlier mencionó que el superávit primario acumulado entre enero y junio alcanzó los $7,33 billones (0,65% del PBI), pero al descontar los ingresos excepcionales, esta cifra se reduce a $6,3 billones (0,55% del PBI), por debajo de la meta de $6,86 billones establecida para el primer semestre en el acuerdo con el FMI.
Asimismo, la consultora subrayó que el objetivo original ya había sido ajustado respecto a la revisión anterior del acuerdo, que fijaba una meta de $8,6 billones.
La meta anual se mantiene en $16,26 billones, lo que equivale a cerca de 1,4% o 1,5% del PBI. En este contexto, se advirtió que el segundo semestre deberá resultar en un superávit primario mayor al del primero para lograr el objetivo, lo que significa que dicho objetivo es “muy exigente”.
La diferencia con la meta fue de aproximadamente $570.000 millones, según estimaciones del Centro de Economía Política (CEPA). “Proyectando la estacionalidad del año pasado, el Tesoro lograría acumular un total de $10,52 billones al final de 2026, quedando $5,74 billones por alcanzar la meta anual fijada por el organismo”, afirmó dicho centro de estudios.
Es decir, si en la primera mitad del año el superávit primario fue de $6,3 billones, en la segunda parte del año necesitaría ser de casi $10 billones para cumplir con el objetivo de excedente fiscal acordado.
Además, Outlier advirtió que “el ancla fiscal está bajo presión” ante una actividad económica que se desarrolla por debajo de las expectativas y una recaudación fiscal más débil, principalmente en el IVA y en el impuesto sobre créditos y débitos bancarios.
La consultora también señaló que se vieron afectados los resultados por medidas adoptadas en 2025, como el adelantamiento de las declaraciones de ventas de granos durante el periodo de retenciones más bajas, lo que restó recursos fiscales en 2026. Según su análisis, el deterioro en las cuentas públicas limita la capacidad de continuar reduciendo impuestos y aumenta la urgencia de que la actividad económica recupere el dinamismo perdido.
Por otro lado, LCG recordó que el Gobierno renegoció con el FMI la meta de superávit primario para este año, que pasó del 2,2% al 1,4% del PBI. Sin embargo, subrayó que la continua caída en los ingresos públicos obliga a realizar un ajuste más profundo en el gasto para cumplir con este compromiso.
A pesar de la decisión oficial de mantener las metas acordadas, la consultora advirtió que “la magnitud, la composición y la tolerancia social del esfuerzo fiscal requerido” podrían conllevar un costo político para el Gobierno.
Como muestra de esta tensión, se mencionó que el Ejecutivo decidió implementar una reducción limitada de las retenciones, centrada en trigo y cebada, postergando la baja para soja y sus derivados hasta 2027 y demorando hasta noviembre la implementación del Fondo de Afectación Laboral (FAL), medidas que buscan preservar los recursos fiscales en el corto plazo.
