La iniciativa oficial busca realizar una transformación profunda en el panorama de las relaciones laborales en Argentina.
“La convocatoria se realiza teniendo en consideración lo dispuesto por la nueva ley de modernización laboral para fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector”, comunicó Capital Humano.
Según fuentes oficiales, serán los representantes de los sectores privados quienes se reúnan para discutir, mientras que la Secretaría de Trabajo supervisará los avances de estas conversaciones y tendrá la autoridad de homologar los acuerdos alcanzados.
Esta convocatoria está fundamentada en los decretos 407 y 408 que, publicados a principios de mes, establecieron los lineamientos centrales de la reforma laboral, como la descentralización en la negociación colectiva, el fomento de convenios por empresa y la reducción de aportes a los sindicatos.
Desde la implementación de estos decretos, la Secretaría de Trabajo se ha visto habilitada para convocar a los representantes empresarios y sindicales para iniciar las negociaciones dentro de un plazo de 30 días.
Previamente, los sindicatos habían expresado su oposición a la reforma laboral y advirtieron que podrían convocar a un nuevo paro general.
La reglamentación de la reforma, introducida el 1 de junio mediante dos decretos, incluyó la derogación de la actualización automática de los convenios colectivos de más de cien actividades, conocida como “ultractividad”.
Por lo tanto, el Ministerio de Capital Humano ha comenzado a impulsar el proceso de convocatoria a los sectores. El plazo para la implementación de las nuevas condiciones por actividad está fijado para el 1 de enero de 2027. En este contexto, se incluyen cambios como la conversión de horas extra en un banco de horas, la prolongación de la jornada laboral hasta doce horas y el concepto de “salario dinámico”, que implica incrementos salariales vinculados a la productividad en lugar de a acuerdos paritarios.
Aunque se requiere que cada sector renegocie, los sindicatos han manifestado su oposición a estos cambios y no descartan la posibilidad de efectuar nuevas presentaciones judiciales para intentar detenerlos, considerando que el nuevo marco implica “una pérdida de derechos”.
Además, en la reglamentación de la reforma laboral, se estableció que en las negociaciones colectivas pueden participar únicamente aquellas asociaciones de empleadores y cámaras que demuestren una representación suficiente, con un mínimo del 10% de los trabajadores del área correspondiente.
Se precisaron, asimismo, las cargas económicas que se contemplan en los convenios colectivos, abarcando aportes, contribuciones y cualquier otro tipo de carga económica, independientemente de cómo las partes las denominen.
Por último, se reguló la situación de los sindicatos de empresa o de grupos de empresas, estableciendo que los trabajadores que deseen cambiar su representación sindical deben registrarse y tener un mínimo de seis meses de actividad con una cantidad de afiliados superior al 5%, además de presentar la documentación necesaria y solicitar una decisión de la Secretaría de Trabajo en un período de 45 días.
Estos cambios tienen como objetivo “fomentar la libertad sindical y defender el trabajo formal. Representación sindical sí, monopolios eternos no”, destacó el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, celebrando los avances en la normativa.
