“Necesitamos tomar medidas y movernos rápido”, afirmaron fuentes oficiales. Aunque en el Ejecutivo buscan presentar la reforma como parte de una agenda penal que ya estaba en proceso, el caso de Agostina ha incrementado la presión sobre una discusión que había sido postergada debido a diferencias políticas y técnicas dentro del Gobierno.
La investigación acerca del homicidio de la adolescente de 14 años ha causado un fuerte impacto en todo el país y ha generado interrogantes sobre las labores judiciales y policiales en Córdoba. El fiscal ha elevado la imputación contra Claudio Barrelier a femicidio, un cargo que conlleva prisión perpetua. En la Nación, observan el caso con cautela, aunque reconocen que la conmoción social ha acelerado conversaciones sobre un nuevo paquete penal que estaban estancadas.
El debate principal gira en torno al texto final que se presentará al Congreso. Miembros del equipo del asesor Santiago Caputo indican que la reforma está “trabada” en el Ministerio de Justicia. En los equipos del ministro Juan Bautista Mahiques, se responde que están “terminando de definir” la versión que se enviará y aseguran que se transmitirá en el corto plazo.
El borrador ha sido objeto de múltiples revisiones por parte de la Secretaría Legal y Técnica, liderada por María Ibarzabal, debido a discrepancias en la redacción. “Las reformas al Código Penal se vienen trabajando hace tiempo y se enviarán en el corto plazo”, añaden en el Ejecutivo. Sin embargo, la demora ha reavivado las disputas entre los sectores que buscan ejercer influencia en el ámbito de Justicia.
Dentro del oficialismo existen dos visiones. Un grupo sostiene que ya había una reforma integral lista, la cual fue recortada y retrasada por el nuevo esquema de Justicia. El equipo de Mahiques desacuerda con este punto de vista, afirmando que el objetivo es enviar un proyecto más ordenado técnicamente, con mayor viabilidad parlamentaria y evitando abrir capítulos que puedan obstruir el tratamiento.
La Casa Rosada había discutido durante meses si avanzar con un nuevo Código Penal integral o una reforma del código actual. La primera opción consistiría en sustituir completamente el texto vigente, establecido en 1921, mientras que la segunda permitiría endurecer penas e incorporar nuevas figuras sin reabrir temas sensibles en su totalidad.
Por el momento, la opción que parece cobrar mayor relevancia es la de una reforma gradual. El Gobierno se inclina por enviar primero los capítulos que cuentan con mayor consenso dentro del oficialismo: delitos sexuales, abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales, entraderas, salideras, motochorros, viudas negras, armas en cárceles, picadas ilegales y nuevas modalidades de criminalidad organizada y tecnológica.
La Casa Rosada subraya que uno de los puntos clave es el agravamiento de las penas para violadores y abusadores. También se considera la imprescriptibilidad de delitos sexuales graves y la ampliación de casos de prisión perpetua. Desde el Gobierno insisten en que su enfoque será “poner a las víctimas en el centro”, una estrategia que ya había sido utilizada en presentaciones anteriores del proyecto.
El documento original elaborado durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona era considerablemente más extenso, buscando unificar el Código Penal vigente con leyes penales específicas, alcanzando más de 900 artículos. Este incluía un endurecimiento generalizado de penas, nuevos delitos informáticos, cambios en el narcotráfico, la corrupción, la responsabilidad penal de las empresas, delitos ambientales, propiedad intelectual, y figuras relacionadas con inteligencia artificial.
La revisión llevada a cabo por Mahiques busca simplificar esta estructura. En el Ministerio de Justicia consideran que un proyecto demasiado extenso podría quedar atascado en el Congreso, obligando al Gobierno a lidiar con múltiples temas relacionados con seguridad, corrupción, delitos económicos, derechos civiles, género, aborto y política criminal al mismo tiempo. Por ello, los cercanos al ministro abogan por una versión más breve y defendible.
En este rediseño, el Gobierno ha decidido no incluir una modificación de la figura de femicidio, a pesar de que en distintas ocasiones se insinuó la intención de revisar ese agravante bajo el pretexto de “igualdad ante la ley”, discusión que no formará parte de la reforma penal que se busca presentar. En Balcarce 50, se entiende que abrir ese debate podría incrementar el costo político y legislativo del proyecto en este contexto.
Asimismo, no se prevén cambios respecto al aborto, a pesar de que algunos sectores del oficialismo han planteado en diversas oportunidades la derogación de la ley vigente. Esto fue uno de los factores que condujeron al Gobierno a alejarse de la idea de enviar un nuevo Código Penal en su totalidad; reemplazar el texto completo requeriría tomar una posición sobre temas que no son una prioridad legislativa inmediata.
La paralización en el proceso de envío ha vuelto a avivar las tensiones internas. Algunos sectores del oficialismo critican la falta de definición del proyecto mientras la agenda de seguridad repunta en el debate público. “No se están tomando decisiones debido a egos personales. Es necesario actuar”, afirman desde un sector de la Casa Rosada. Esta afirmación alude a la disputa entre los equipos que responden a Caputo y el área de Justicia, que ha quedado bajo la influencia de Karina Milei.
El jefe de gabinete, Manuel Adorni, ya había anunciado el 17 de marzo que el Gobierno acordó la formación de un conjunto de proyectos de ley para enviar al Congreso, entre los cuales incluyó la modificación del Código Penal, “con un enfoque en el endurecimiento de las penas”.
