Valverde enfatizó en su iniciativa que es crucial diferenciar entre apostar y jugar: “Es fundamental desmitificar la actividad: apostar no es jugar. Mientras que el juego es una práctica lúdica, gratuita y esencial para el desarrollo saludable y la subjetividad, las apuestas virtuales constituyen contratos de riesgo financiero con implicancias patrimoniales y severas consecuencias en la salud mental, como el desarrollo de la ludopatía o trastorno por juego”.
El proyecto tiene como finalidad regular el ingreso a sitios y aplicaciones de apuestas en línea, estableciendo que se debe llevar a cabo una verificación biométrica de edad cada vez que se intente acceder, para asegurar que el usuario sea mayor de 18 años. Además, se protegerán los datos personales de los menores, prohibiendo su almacenamiento y exigiendo a las plataformas que eliminen todos los registros, así como la comercialización de dichas informaciones.
Se especifica que métodos como la declaración jurada o el ingreso de datos no se consideran mecanismos efectivos de control, y la autenticación biométrica será el filtro principal para prevenir el ingreso de menores. Asimismo, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE (o su suceso) tendrá la responsabilidad de auditar y supervisar a las plataformas, así como de habilitar un canal para que se reporten aquellos sitios que incumplan con la normativa.
El proyecto prevé sanciones severas para quienes no acaten la ley, las cuales pueden abarcar desde multas progresivas conforme a la reincidencia, hasta la revocación temporal o definitiva de la licencia, y la inhabilitación para participar en futuras licitaciones.
