La decisión fue tomada por los jueces de la Sala I Eduardo Farah y Pablo Bertuzzi, quienes desestimaron la apelación de una mujer identificada como Y. I. C. N. para sumarse al caso, que investiga al régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad.
En su recurso, la ciudadana sostuvo que funcionarios del régimen se presentaron en su vivienda en Venezuela, un episodio que consideró una “posible maniobra persecutoria”. Tras ese hecho y otras experiencias, resolvió abandonar el país.
Sin embargo, los camaristas señalaron que sus argumentos eran “ambiguos” porque “no describe un hecho concreto que permita definir, en términos materiales, la hipótesis delictiva que habilitaría la jurisdicción argentina, ni por qué la recurrente revestiría la condición de particular ofendida. Mucho menos desarrolla por qué esos imprecisos sucesos constituirían delitos de ‘lesa humanidad’”.
El rechazo se conoció semanas después de que la Cámara Federal aceptara el pedido de Gallo para presentar una querella propia, en lugar de incorporarse a alguno de los dos grupos en los que se habían reunido las querellas, encabezados por los abogados Jovtis García y Farini Duggan.
La Justicia explicó que las presentaciones se habían unificado para evitar “una reiteración de pedidos de idéntico tenor” que pudiera “dispersar el proceso”. No obstante, autorizó la creación de un tercer grupo para el gendarme, por las particularidades de su situación.
Gallo busca que se investigue a los responsables de su captura, su detención en la cárcel de El Rodeo I, los maltratos y las torturas que padeció durante los 448 días de cautiverio, así como el proceso judicial arbitrario que afrontó ante la Justicia venezolana.
“Su condición de ciudadano argentino integrante de una fuerza de seguridad nacional nos lleva a considerar que los hechos denunciados presentan un matiz propio que impide agruparlo junto con los grupos de querellantes ya constituidos, puesto que podría presentar impactos en la propia Gendarmería Nacional Argentina y su funcionamiento”, señala la resolución.
Las querellas aguardan ahora que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva un pedido de nulidad destinado a cerrar la causa. La solicitud fue presentada por la defensa de Justo José Noguera Pietri, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, quien cuestionó la aplicación del principio de jurisdicción universal por parte de la Justicia argentina.
