Presti asumió con dos problemas centrales: salarios que habían quedado rezagados y una obra social en crisis. En el caso de la cobertura médica, el endeudamiento pasó de unos $44 millones a más de $200 millones, situación que afectó la relación con prestadores de todo el país.
Como consecuencia de esas obligaciones, distintos prestadores suspendieron o limitaron la atención a afiliados, que en muchos casos debieron afrontar sus gastos médicos de manera particular. La situación generó malestar dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente por las dificultades para acceder a prestaciones de salud. Entre los episodios más graves se encuentra el suicidio de un suboficial retirado de 77 años ocurrido en mayo.
De acuerdo con información oficial, la salida de la crisis contempla el pago de la deuda y la puesta en funcionamiento de una nueva estructura. La reorganización ya habría sido completada en el ámbito de las Fuerzas Armadas, mientras que el proceso todavía no concluyó para las fuerzas de seguridad que anteriormente integraban el IOSFA.
La nueva estructura comenzó a reorganizarse en enero y, según las evaluaciones realizadas sobre su funcionamiento, las prestaciones todavía se encuentran en proceso de regularización. Si bien se considera que el proceso está encaminado, persisten dificultades vinculadas con las obligaciones pendientes de las fuerzas de seguridad que formaban parte de la estructura anterior y que ahora se encuentran bajo el nuevo esquema de cobertura.
La deuda correspondiente a Seguridad continúa siendo objeto de reclamos. La situación es reconocida por el ministerio que tiene bajo su órbita a Gendarmería y Prefectura, que participa de las reuniones de la comisión creada para asistir al administrador de la transición establecida por el DNU 88/2026.
Otro punto todavía pendiente es determinar cómo y cuándo se regularizarán los aportes y contribuciones que fueron realizados de manera incorrecta al IOSFA desde 2017. La incorporación de esos fondos es considerada necesaria para contribuir a la recuperación del funcionamiento de las prestaciones.
El organismo tiene plazo hasta el 4 de febrero de 2027 para cancelar la deuda con la estructura anterior. En esa fecha, según lo establecido por el DNU 88/2026, el IOSFA deberá quedar definitivamente liquidado y cerrado.
En paralelo, la gestión de Presti avanzó con un reordenamiento de los activos que pertenecían a la antigua estructura. Entre ellos se encuentran distintos inmuebles, incluidos hoteles, centros recreativos y complejos vacacionales que históricamente estuvieron disponibles para los afiliados.
Uno de los puntos bajo análisis es el futuro del área de Turismo del IOSFA, creada en 2013 para administrar los establecimientos turísticos que hasta entonces estaban bajo control de las tres Fuerzas Armadas. Con la reorganización, esos activos pasaron a quedar bajo la órbita de la obra social.
La administración de los hoteles y de la actividad turística es uno de los aspectos que se evalúan dentro de la reestructuración del nuevo directorio de la OSFA, que comenzó a funcionar en marzo.
Dentro de las Fuerzas Armadas existen dudas sobre el destino de esas instalaciones y circularon versiones sobre una eventual transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su venta. Esa posibilidad fue descartada desde la obra social.
Por ahora, no existe una definición oficial sobre el destino definitivo de los hoteles. Entre las alternativas que se analizan figura la posibilidad de que los establecimientos regresen a las Fuerzas Armadas que los aportaron cuando se creó el IOSFA en 2013. Sin embargo, todavía no está definido cuándo podría comenzar ese proceso ni cuáles serían los plazos para concretarlo.
Los afiliados del IOSFA pertenecientes a Gendarmería y Prefectura permanecerán dentro de la estructura anterior hasta que finalice la organización y transición hacia el nuevo esquema para las fuerzas de seguridad. El DNU fijó un plazo de 180 días para completar ese proceso, que vence el 4 de agosto.
En caso de que las Fuerzas Armadas decidan asumir la administración de los establecimientos turísticos, su gestión y el destino futuro de esos bienes quedarían bajo responsabilidad de cada fuerza.
