La presentación del “renovado” articulado repite una estrategia habitual de los libertarios: comenzar con un texto amplio, retirar artículos que difícilmente prosperarían y dejar en la versión actual algunos puntos que, si se eliminan, podrían servirles a eventuales aliados para justificar su apoyo. Entre ellos figuran el debate presidencial y la publicidad gratuita. En ese contexto, no se descarta que haya más de un dictamen: la prioridad es reunir las firmas mínimas en una comisión integrada por 19 miembros.
La Casa Rosada destacó que la nueva propuesta mantiene la aplicación de Ficha Limpia. Sin embargo, buena parte de la atención estará puesta en la autorización de una colectora adicional por cada lista presidencial. Ese es el punto central de una discusión que, más que una mejora del sistema, gira en torno al poder. Los aliados temen perder más bancas nacionales en la próxima renovación y que, si el mileísmo logra reelegir, ya no necesite negociar con sus gobernadores. En medio de la disputa, pocos se detienen a pensar qué pasaría si se aprobara la ley y luego se presentara una cautelar para impugnar ese mecanismo.
La pulseada también alimenta una fuerte interna en La Libertad Avanza entre quienes rechazan acuerdos con los gobernadores y quienes advierten que no conviene confrontarlos ahora. Por lo que se observa, mejorar el sistema electoral no figura entre las prioridades inmediatas. La diferencia es que, desde esta tarde, el debate quedará expuesto y pondrá a un par de senadores en una posición difícil.
La comisión de Asuntos Constitucionales está integrada por seis libertarios, seis dialoguistas, la peronista de perfil independiente Carolina Moisés, de Jujuy, y seis legisladores del bloque kirchnerista. En ese escenario, el oficialismo necesita conseguir el quórum y sumar cuatro firmas adicionales para respaldar su postura, que también genera desacuerdos expresados en voz baja. Algunos aliados responden a gobernadores y otros no. Entre los primeros están los radicales Rodolfo Suárez, de Mendoza, y Eduardo Vischi, de Corrientes; la justicialista Alejandra Vigo, de Córdoba, y la ex macrista Beatriz Ávila, de Tucumán.
Sin un vínculo claro con un gobernador aparecen el peronista disidente Carlos Espínola, de Corrientes; Flavio Fama, de la Unión Cívica Radical de Catamarca, y Moisés, recientemente alejada del kirchnerismo. La Casa Rosada presenta como acuerdos cerrados los de Suárez, Vischi y Vigo. En los últimos meses, la senadora cordobesa intentó tomar distancia del mileísmo y se mostró molesta durante distintas instancias legislativas en las que intervino.
Los movimientos de Vigo llaman la atención. Ayer, un conocedor de las negociaciones en el Senado recordó que, días atrás, la esposa del exgobernador Juan Schiaretti pidió cambios en un plenario de comisiones al proyecto sobre discapacidad, que ya está listo para ser aprobado, en principio, pasado mañana. Era precisamente lo que quería Balcarce 50, aunque con otro enfoque, pese a que Martín Menem había dejado pasar todos los reclamos de la oposición en Diputados. Modificar el texto, con la emergencia a punto de vencer, habría obligado a enviarlo de nuevo a la Cámara baja para una segunda revisión y habría demorado su sanción. La realidad del Congreso es compleja y las apariencias pueden engañar.
Ávila, por su parte, responde a Osvaldo Jaldo, un dirigente de trayectoria peronista cambiante que defiende las PASO. Espínola suele evitar las decisiones apresuradas, aunque podría respaldar la iniciativa más adelante. Moisés es vicepresidenta de la Cámara alta y tuvo una rápida coincidencia días atrás con la ley de cabotaje que promovió; el proyecto podría aprobarse pasado mañana, en un trámite muy veloz. Desde que asumió como senadora también recibió otros gestos favorables en cuestiones administrativas y mantiene conversaciones frecuentes con un gobernador de otra provincia: el salteño Gustavo Sáenz.
El caso restante es el de Fama. En el pasado dio señales de oponerse, aunque durante 2026 tuvo posiciones cambiantes. En comisión respaldó el proyecto sobre propiedad privada, pero luego rechazó la venta de tierras a extranjeros. En esa ocasión estaba de licencia médica y no llegó al recinto porque se recuperaba de una intervención en la rodilla; una semana después, sin embargo, se lo vio por los pasillos del Senado con una recuperación notable.
Mientras la reforma política concentra la atención, otra disputa se aproxima en el Consejo de la Magistratura. En las próximas horas vence el plazo para presentar las notas con los nombres de los candidatos. El kirchnerismo y el oficialismo ya hicieron públicas sus propuestas y pretenden dos lugares cada uno, como si ambos contaran con mayoría. El radicalismo todavía no había presentado la suya hasta anoche y le corresponde el puesto de la minoría.
El Senado tiene cuatro lugares en ese organismo. Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, debe remitir y comunicar las propuestas mediante notas, pero no quiere quedar atrapada en una disputa ajena. El conflicto podría estallar mañana, durante la reunión de Labor Parlamentaria, en la que se definirá el temario de la sesión del jueves.
Semanas atrás, el peronismo incorporó a Fernando Rejal, senador riojano, en una maniobra que le permitió superar por uno a los libertarios. Fue una jugada innecesaria; resta saber quién la impulsó. También es cierto que, al comienzo de la renovación legislativa de diciembre de 2025, los kirchneristas aventajaban por poco a los mileístas. Los próximos días pueden ser frenéticos.