La medida se enmarca en una estrategia que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha defendido en diversas ocasiones. A fines de agosto, el funcionario afirmó que “bajar el gasto público es la única manera sustentable de bajar la carga impositiva”, y celebró la reducción de posiciones en el Estado, alentando a las provincias a seguir el mismo camino.
El proyecto de ley no prohíbe totalmente la contratación de personal, sino que impone que las vacantes no se llenen de manera automática y que cualquier excepción necesite la autorización expresa de la Jefatura de Gabinete.
Esta decisión busca contener el gasto corriente y mantener el equilibrio fiscal en un año electoral, siendo este uno de los principales ejes del Presupuesto 2027. La normativa formaliza una política que ya venía implementándose.
Desde diciembre de 2023, la administración de Milei ha progresado en una drástica reducción de la planta estatal mediante varias medidas, como la no renovación de contratos temporarios, jubilaciones, retiros voluntarios, renuncias y reestructuraciones de organismos. Según datos oficiales, el recorte acumulado ha superado los 70 mil puestos de trabajo desde el comienzo de su gestión, siendo la mayor parte de esta reducción en la administración tanto centralizada como descentralizada, seguida por las empresas del Estado.
Los datos proporcionados por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado indican que el total de trabajadores en el Sector Público Nacional ha disminuido de 343.357 al inicio de la gestión a 270.835 en la actualidad. La reducción se distribuyó entre dos componentes del Estado: la Administración Pública Nacional, que abarca ministerios y organismos descentralizados, vio caer su personal de 233.098 a 183.520 empleados, lo que representa 49.578 menos (-21,3%). En paralelo, las empresas y sociedades del Estado pasaron de 110.259 a 87.315 empleados, una disminución que equivale a 22.944 puestos (-20,8%).
El impacto del ajuste ha variado según el ministerio. En términos absolutos, Salud fue el que más redujo su plantilla, con 1.263 menos, seguido por Economía (-1.004), Relaciones Exteriores (-610) y Defensa (-219). Por otro lado, el ministerio de Justicia incrementó su dotación, sumando 1.305 trabajadores, un crecimiento del 84% respecto al inicio de la gestión, mientras que Seguridad Nacional también incorporó personal, y la Jefatura de Gabinete mantuvo su número de empleados casi sin cambios.
Las empresas públicas también sufrieron recortes significativos. El Correo Argentino experimentó la mayor reducción, con 5.618 puestos menos, seguido por Operadora Ferroviaria (-4.305), Banco Nación (-2.381), Aerolíneas Argentinas (-1.923) y AySA (-1.866). En términos porcentuales, Casa de Moneda y Educar S.A.U. mostraron caídas significativas, superando el 50% y 60%, respectivamente.
También se registraron disminuciones en el personal militar y de las fuerzas de seguridad, aunque en menor medida. Este tema es de particular relevancia, ya que el Presupuesto 2027 establece un enfoque distinto hacia adelante.
El gráfico oficial indica que, aunque las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad también participaron en la reducción de personal durante estos casi tres años, el proyecto de ley les otorga excepciones al congelamiento de vacantes.
El artículo 7 del proyecto establece que los cargos vacantes al momento de entrada en vigencia de la ley, así como los que surjan durante 2027, no podrán ser cubiertos automáticamente, requiriendo autorización específica del Jefe de Gabinete para cualquier designación. En la práctica, esto significa que cuando un empleado se jubile o deje su puesto, no podrá ser reemplazado sin la aprobación del Poder Ejecutivo.
El proyecto también contempla excepciones para sectores considerados críticos, como personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Servicio Penitenciario, servicios de salud, Poder Judicial y otros organismos estratégicos.
El Presupuesto no solo regula las vacantes, sino que el artículo 6 establece límites sobre la cantidad de cargos financiados en la administración nacional y las horas de cátedra. Además, se estipula que el Poder Ejecutivo deberá publicar de forma periódica la evolución de las plantas permanentes, transitorias y contratadas, con la intención de que el control del empleo público forme parte de la supervisión de la ejecución presupuestaria a lo largo del año.
