“Ya estamos en un nivel de gasto a nivel Tesoro de 15 puntos del PBI. Es el nivel de gasto de los años noventa, 10 puntos menos del pico de hace 8 años. Y si ajustamos eso por los 4 millones más de jubilados que metió el kirchnerismo sin aportes, son 2 puntos más. Bien medido estamos en un gasto de 13 puntos”, comentó.
El titular del Palacio de Hacienda reconoció que, para preservar el superávit fiscal, es imprescindible que aumenten los ingresos del Estado, como consecuencia del crecimiento de la economía.
En la última revisión del acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional, se fijó una meta de superávit fiscal del 1,4% del PBI para el año 2026. Bajo este marco, el Gobierno ha implementado diversas medidas para mitigar el impacto en las cuentas públicas debido a la caída de la recaudación —que tuvo recuperaciones en mayo después de nueve meses en descenso— y el peso de otros gastos vinculados a proyectos legislativos.
De acuerdo con un análisis realizado por Facimex, el Ejecutivo decidió proteger el superávit y, por ello, retrasó la implementación del Fondo de Asistencia Laboral, diseñado para asegurar el pago de ciertas indemnizaciones; su puesta en marcha se programó para el 1° de noviembre.
Esta decisión podría, según Facimex, generar un ahorro del 0,15% del PBI, en consonancia con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional.
“Lograr el presupuesto aprobado para 2026 requerirá mantener una estricta disciplina en el gasto. Esto permitirá compensar el impacto de la reducción de los derechos de exportación agrícolas fijados por ley, así como aquellos derivados de las iniciativas de gasto del Congreso aprobadas a fines de 2025 (0,35% del PBI) y de las medidas fiscales bajo la nueva Ley de Modernización Laboral (0,15% del PBI)”, subrayó el informe.
El documento de Facimex también especifica que el Ejecutivo transfirió al PAMI una canasta de Lecap, títulos de deuda a corto plazo, por 580.000 millones de pesos, lo que significa un 0,05% del PBI. Estas iniciativas, junto con la postergación del FAL, tienen como objetivo preservar el equilibrio fiscal.
“Se trata de una reacción lógica al considerar el débil desempeño de la recaudación tributaria, la cual cayó 4,9% real interanual en los primeros cinco meses del año, alcanzando niveles mínimos desde 2009 en términos de pesos constantes, si se excluye el atípico 2020”, añadieron.
Sin embargo, mantener el equilibrio no está exento de desafíos. Los costos relacionados con las leyes aprobadas en el Congreso, como el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, se estiman en un costo de 0,20% y 0,15% del PBI, respectivamente, según los cálculos del FMI.
Facimex también destacó que “las recientes reducciones impositivas no tendrán un impacto fiscal significativo en 2026”. Esto significa que la eliminación de impuestos internos asociados al consumo y la reducción de retenciones “representan un costo fiscal muy bajo que no supera, en su conjunto, el 0,1% del PBI”.
Caputo señaló que la disminución de retenciones para el sector agrícola e industrial implicará un costo fiscal de 32 millones de dólares y 25 millones de dólares, respectivamente, para 2026, sumando un total de 57 millones de dólares.
“Este año proyectamos un superávit primario del 1,3% del PBI, excluyendo los ingresos de privatizaciones (que ya alcanzan el 0,14% del PBI entre las represas del Comahue y Citelec) que no se contabilizan para la meta fiscal acordada con el FMI”, afirmó Facimex.
Si esto se concreta, el Gobierno lograría su tercer año consecutivo de equilibrio en las cuentas públicas, lo cual requerirá continuar ajustando el gasto discrecional.
Bajo el escenario base, el FMI anticipa que el Ejecutivo deberá reducir el gasto primario en un 0,5% del PBI mediante una mejora en la focalización del gasto social (0,2% del PBI), una reducción en los gastos por salarios (0,1% del PBI), una mejora en la focalización de subsidios energéticos (0,07% del PBI) y ajustes en otras áreas del gasto discrecional (0,04% del PBI), entre otras medidas.
El balance de la recaudación de mayo indica que el Sector Público Nacional logró un superávit primario, destacando una variación del 1,6% real interanual, el primer resultado positivo en nueve meses.
Este resultado fue impulsado en gran parte por el desempeño del impuesto a las Ganancias, que creció un 28% real interanual, y por el impuesto a los Bienes Personales, que creció un 46,5% real interanual.
En el acumulado de enero a mayo, la recaudación real de 2026 ascendió a 94,3 billones de pesos a precios de mayo de 2026, lo que significa, según estimaciones de la Fundación Libertad, una caída del 4,9% respecto al mismo período de 2025, y del 3,9% si se compara con el acumulado de 2024.
“En este contexto, es importante mencionar que la caída en la recaudación real refleja en parte los sucesivos recortes en derechos de exportación implementados por el Gobierno nacional a partir de mediados de 2024”, señalaron.
No obstante, el balance de mayo no indica un repunte en la actividad económica, ya que el resultado se atribuye a factores específicos.
“Los recursos vinculados a la actividad no mostraron el mismo crecimiento que evidenció la recaudación total en mayo, cayendo un 3,8% real interanual”, indicó Invecq.
Entre esos recursos, el IVA DGI disminuyó un 3,1% real interanual, profundizando la tendencia negativa de meses anteriores, el impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente cayó un 3,7% y las contribuciones patronales tuvieron una baja del 4,6%.
Aunque este deterioro no compromete el superávit primario, se advierte que podría limitar la capacidad de implementar nuevas reducciones impositivas.
“Los datos sugieren que la actividad, tras un notable incremento del 3,5% mensual en marzo, cerró abril con una caída cercana al 1% mensual, sin indicios claros de mejora en mayo. La dinámica de los ingresos tributarios es coherente con este escenario: sin un impulso real, es difícil prever una mejora estructural en la recaudación a corto plazo”, anticipó Invecq.
