Guillermo Michel, diputado nacional y exresponsable de Aduana durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, indica que los 13 primeros proyectos aprobados por el RIGI implicarían un costo fiscal equivalente a 0,27 puntos del PIB, lo que se traduce en una pérdida de u$s1.837 millones anuales en impuestos no recaudados.
Esta estimación no toma en cuenta los dos últimos proyectos aprobados, que elevaron el total de iniciativas validadas a 15, según la consultora Paspartú, lo que implica que la renuncia a ingresos sería aún mayor.
El reporte de la oposición también estima que “por cada u$s100.000 millones de inversión, el gasto tributario proyectado es de 1 punto porcentual del PIB”, reflejando así el sacrificio fiscal que asume el gobierno de Milei para sostener este esquema de inversión.
El sector energético, en particular, se posiciona como uno de los grandes beneficiados por el RIGI. Michel agregó que, si se aplican “los mismos supuestos y se considera la proyección de nuevos puestos de trabajo”, los beneficios adicionales del Super RIGI —que incluye una reducción del impuesto a las Ganancias al 15% y de Contribuciones al 10%— “incrementan el gasto tributario proyectado a 1,27 puntos porcentuales del PIB”.
Esto sugiere que las pérdidas fiscales adicionales asociadas al Super RIGI podrían alcanzar los u$s8.640 millones anuales, aunque el informe de Michel no detalla específicamente este monto.
Desde Paspartú, explicaron que este nuevo programa busca fomentar “nuevas industrias que actualmente no se desarrollan en el país, o que se encuentran en fase experimental o piloto”. Entre las áreas mencionadas están la industrialización de litio, la producción de baterías, hidrógeno “verde”, GNL onshore, reactores nucleares modulares, paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, petroquímica, aeroespacial, uranio, pesca y fertilizantes.
Sin embargo, la consultora que dirige Juan José Carbajales cuestionó que “se plantea el fomento a las cadenas de producción locales, pero no contiene política de proveedores industriales ni fomenta la I+D (Investigación y Desarrollo)”.
Los 13 proyectos analizados por Michel implican una inversión total de u$s27.210 millones, generando una proyección de 36.873 nuevos puestos de trabajo y exportaciones por un valor de u$s21.006 millones.
Entre los proyectos destacados se encuentran el de GNL de Southern Energy (u$s15.156 millones), Vaca Muerta Sur, liderado por YPF (u$s2.900 millones), y Rincón de Río Tinto (u$s2.744 millones), además de proyectos mineros como Los Azules de McEwen Copper (u$s2.672 millones) y Diablillos de AbraSilver (u$s764 millones).
Para Paspartú, en el sector petrolero, se habilitan proyectos en Vaca Muerta que ya eran rentables sin la intervención del RIGI, dado que están en un sector dinámico, orientados a la exportación y poseen infraestructura asociada que ya se encuentra adherida al RIGI (Oil & Gas para ductos, plantas de tratamiento y licuefacción de GNL).
Por esta razón, se ha cuestionado el “riesgo fiscal” que conlleva esta decisión, ya que implica otorgar beneficios a inversiones que probablemente se llevarían a cabo de todas formas. Asimismo, se criticó la “ausencia de un límite” por Vehículo de Propósito Único, el marco jurídico asociado al RIGI, ante posibles ampliaciones.
Desde el Gobierno defienden que tanto el RIGI como el Super RIGI son esenciales, argumentando que sin estos incentivos, muchas de las inversiones no se materializarían en Argentina, lo que invalidaría el cálculo de la pérdida de recaudación tributaria que no existirá en ausencia de dichos programas.
