Si se concreta este aplazamiento, representará la segunda prórroga, dado que el inicio era inicialmente esperado para junio. La normativa otorgó un margen de seis meses para su reprogramación, y el Gobierno decidió en mayo postergar su implementación cinco meses, hasta noviembre.
A pesar de las especulaciones, fuentes oficiales no confirmaron el cambio de fecha para diciembre, aunque señalaron que ha habido diálogos con cámaras de fondos de inversión y fiduciarios, que solicitaron formalmente un mes adicional para adaptarse a las nuevas dinámicas operativas. Bancos y administradoras de fondos están actualmente a la expectativa de una decisión definitiva, según afirmaron fuentes de ambos sectores. “Es muy probable que se produzca el aplazamiento, pero aguardamos una confirmación”, aseguró un representante de un banco clave que gestiona el FAL para sus clientes.
Cualquier modificación de este tipo debe ser publicada en el Boletín Oficial, dado que la fecha de inicio del 1 de noviembre fue establecida por decreto. En caso de que la postergación se oficialice, el nuevo sistema comenzaría a operar en diciembre, pero los aportes a los administradores del FAL no se harían efectivos hasta enero.
La implementación del FAL conlleva cambios significativos en los sistemas internos de las empresas, así como en su relación con ARCA y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Durante estos meses de preparación, el sector ha solicitado claridad y rapidez en la obtención de la regulación detallada.
Se estima que alrededor de 550 mil empleadores, que incluyen tanto pymes como grandes empresas, estarán obligados a adherir al nuevo esquema, sin importar su tamaño. Solo se excluyen a empleados públicos, trabajadores de la construcción y personal doméstico.
Además, se discutió con el Gobierno el tiempo mínimo que los fondos deberán permanecer invertidos en el mercado de capitales antes de poder ser utilizados para el pago de indemnizaciones o juicios laborales. La normativa actual estipula un período de seis meses durante los cuales los aportes de cada empresa a su cuenta financiera no podrán ser utilizados. Este plazo sería un tema de análisis para su posible extensión a doce meses, a pedido de los actores del mercado financiero.
“Sería beneficioso para que el mercado crezca en escala. El próximo año, al ser electoral, podría ser volátil, y permitir rescates a partir de junio afectaría negativamente a los bonos”, comentó una fuente vinculada a las negociaciones con el Gobierno.
La posible extensión de seis meses a un año también está prevista en el texto de la reforma laboral, lo que implicaría que el Gobierno podría establecerlo mediante un decreto reglamentario. El artículo 65° establece que “el Poder Ejecutivo nacional podrá fijar un plazo mayor, considerando las características del sector económico o del mercado laboral, entre otros aspectos relevantes”.
El sistema FAL no modifica la cantidad de aportes que las empresas deben realizar, sino su destino. Un porcentaje, que será del 2,5% para las pymes y del 1% para el resto, ya no irá al sistema previsional, sino al mercado financiero.
Finalmente, hay una consideración tributaria en torno a una posible postergación. El Gobierno incorporó un cálculo sobre los fondos FAL en el proyecto de Presupuesto 2027, estimando el impacto fiscal del esquema, es decir, la cantidad de dinero que dejará de recaudar el sistema previsional a favor del mercado financiero. Según la ley, esto equivaldría a cerca del 0,2% del PBI en términos de menor ingreso al fisco por Aportes a la Seguridad Social.
