“Que traiga los votos Santilli”. La ironía surgió del entorno de la jefa de la bancada libertaria, en una jornada en la que volvió a crecer la tensión entre el Presidente, su hermana y los Menem, por un lado, y Bullrich, por el otro. El suspicaz mensaje de Javier Milei, “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán” (ver aparte), marcó el cierre de la tregua. En el bullrichismo aseguran “estar preparado” para resistir los embates y mantienen una agenda propia. En su cuenta de X, la exministra afirmó: “Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado”. También trascendió que durante la última semana de noviembre impulsará el debate del proyecto para prevenir la ludopatía infantil, que ya cuenta con media sanción en el Senado y es reclamado por la Iglesia.
La nueva Ley de Discapacidad fue una medida de último momento antes de la visita de León XIV, destinada a corregir el presupuesto de ajuste para el sector que Luis Caputo envió a la Cámara baja. La iniciativa para mitigar la ludopatía infantil no cuenta con el respaldo de la Casa Rosada, y el impulso de Bullrich generó malestar en la hermana del Presidente.
¿Un paso adelante?
Después de dos meses sin avances, el debate se reanudará el martes 17 a las 15, en el Salón Arturo Illia. El Ejecutivo envió en abril de este año el proyecto de Reforma Política, pero desde entonces el expediente casi no avanzó y todavía no tiene dictamen. La última reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en septiembre, fue apenas una puesta en escena de Patricia Bullrich para disipar la desconfianza que pesa sobre ella. El plazo planteado por Martín Menem obligaría al oficialismo a conseguir dictamen ese mismo martes y llevar el proyecto al recinto una semana después. Es una apuesta ambiciosa.
El recuento preliminar indica que el Gobierno necesita el compromiso de la UCR y el PRO para sumar 13 votos a sus 21 bancas y comenzar a avanzar. Cerca del jefe de Gabinete, Diego Santilli, consideran que los radicales podrían acompañar como parte de un acuerdo político y electoral de no agresión de cara a 2027. Esa hipótesis enfrenta un primer obstáculo: aunque la mayoría de los radicales responde a gobernadores alineados con Balcarce 50, no todos lo hacen. Los bloques provinciales volverán a ser decisivos.
Semanas atrás, Bullrich había restado importancia a las negociaciones. “Diego (Santilli) es un optimista consuetudinario, siempre te dice que está todo bien”, dijo. Al cierre de esta edición, la Casa Rosada difundió una imagen de Santilli junto a Frigerio. Según explicaron, ambos funcionarios “coincidieron en la necesidad de avanzar en el Congreso con el tratamiento de la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la Reforma Electoral”. Fue otra señal dirigida a Bullrich.
En la carrera contra el tiempo, el oficialismo también deberá resolver qué hará con Ficha Limpia. Los aliados del PRO y la UCR quieren que el tema se vote junto con los demás proyectos. Si los libertarios buscan conservar esos apoyos, tendrán que hacer concesiones.
En el peronismo sostienen que, si el Gobierno realmente quiere eliminar las PASO, debería aprovechar el bloque de más de 40 senadores que logró reunir en otras votaciones. “Nosotros somos 25, ellos podrían tener 47 votos, pero tienen problemas entre ellos”, explicó una fuente del bloque justicialista. Otro legislador de ese espacio consideró que las palabras de Menem no expresan “convicción de resultados porque finalmente no se sabe si las quieren eliminar o no”. Desde el entorno del riojano aseguraron que los dichos del presidente de la Cámara no fueron una chicana. Sobre los votos, afirmaron “estar cerca”. “Hay que trabajar, las cosas se tienen que votar”, concluyeron.
Además de eliminar las PASO, la reforma libertaria reduce la intervención del Estado en el financiamiento de las campañas, suprime la garantía de espacios gratuitos en radio y televisión y eleva el límite de los aportes privados. Los cambios reducen las posibilidades de los partidos más pequeños y favorecen a las fuerzas con mayor capacidad para obtener fondos privados. La iniciativa se aparta del espíritu de la ley vigente, llamada “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”, y abre la puerta a una lógica plutocrática.
