Este miércoles, los abogados del exfuncionario presentaron sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal N°5, donde rechazaron las acusaciones de la fiscalía, que solicita una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta.
En su intervención, argumentaron que el último acto interruptivo de la prescripción ocurrió el 8 de julio de 2020, alegando que, por lo tanto, ya habría transcurrido el período de prescripción correspondiente. De no aceptar esta postura, solicitaron la nulidad de la acusación, y, como último recurso, la absolución.
La defensa sostiene que ni el Ministerio Público Fiscal ni la Unidad de Información Financiera lograron demostrar la responsabilidad de De Vido en los delitos que se le imputan. En este sentido, resaltaron que ningún testigo lo identificó como involucrado en las infracciones que se están investigando, y cuestionaron al perito Pedro Guzmán, acusándolo de “adulterar” documentos cruciales para la sostenibilidad de la acusación.
También hicieron hincapié en que la imputación se basa en su relación política con las Madres de Plaza de Mayo, que se ocupaban de la fundación vinculada al programa Sueños Compartidos. Al respecto, la defensa indicó que “no había un vínculo particular” y que solo conocía a las Madres en el contexto de actividades protocolares.
Por último, negaron que De Vido hubiera dirigido a las jurisdicciones a ejecutar las obras que están siendo investigadas a través de la Fundación. En este sentido, aseguraron que el exministro no participó directamente en el proceso de adjudicación, indicando que tales decisiones “no eran de su competencia”.
La causa investiga la existencia de una supuesta estructura delictiva que, entre 2005 y 2011, desvió $206.438.454,05 de fondos destinados por la Secretaría de Obras Públicas a la construcción de viviendas sociales bajo el programa Sueños Compartidos, administrado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
