Según fuentes cercanas, el oficialismo pretendía este miércoles avanzar con el dictamen del Súper RIGI en el Senado. Aunque se había indicado que las negociaciones estaban finalizadas, la Comisión de Presupuesto no logró emitir dictamen, lo que imposibilitará que el proyecto llegue al recinto la próxima semana.
La causa de esta situación se encuentra en la Casa Rosada. Algunos miembros del bloque informaron que se planea introducir modificaciones al proyecto con el objetivo de asegurar los votos de los aliados, lo que obligaría a que el proyecto regrese a la Cámara de origen para su revisión.
Las modificaciones afectarían el régimen de compras nacionales y a los grandes centros de datos, quedando excluidos dos pedidos de los aliados relacionados con infraestructura e industrias. Cuando se llegó a este acuerdo con los aliados, aún no se había comunicado oficialmente a la Casa Rosada. “Se lo vamos a contar”, manifestaron desde el bloque libertario al ser consultados sobre si el Poder Ejecutivo estaba informado sobre los cambios.
El conflicto se intensificó el miércoles por la noche cuando el Gobierno rechazó las modificaciones acordadas, frustrando así el avance hacia un dictamen. Fuentes del bloque oficialista señalaron que esta fue la causa del retraso, dado que el Ejecutivo no deseaba esas alteraciones y era consciente de que no contaba con los votos necesarios en Diputados para seguir con la redacción original de la ley.
La tensión entre los hermanos Milei y el bloque senatorial se ha convertido en un elemento habitual, y las discusiones no solo giran en torno a los acuerdos con aliados, sino también a cuestiones económicas. Sin embargo, desde la jefatura del bloque se indicó que esto “depende de los votos, no tenemos 37. Esperamos dictaminar la semana que viene”. En este sentido, el plan del bloque implica insistir en el Súper RIGI con las modificaciones acordadas con los aliados.
Una de las alteraciones propuestas se centra en el artículo relacionado con las compras nacionales. Según adelantaron fuentes del oficialismo, el nuevo texto prevé la inclusión del concepto de “bienes transables” dentro de las condiciones para la contratación de proveedores locales.
El proyecto vigente establece que el plan de inversión debe incluir un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo del 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que haya oferta nacional en condiciones competitivas en términos de precio y calidad. La incorporación de los bienes transables busca aclarar el alcance de esta exigencia, un aspecto que había suscitado dudas entre los aliados. La redacción definitiva será determinante para establecer sobre qué universo de compras se aplicará el porcentaje de integración local.
El segundo cambio se enfocará en los centros de datos y otros establecimientos electrodependientes, entidades que podrían ser grandes beneficiarias del régimen debido al volumen de sus inversiones y su relación con la infraestructura tecnológica y digital.
El oficialismo planea añadir un artículo que estipule que dichos proyectos deben gestionar sus propios sistemas eléctricos. Esta medida tiene como objetivo evitar que iniciativas con alta demanda energética comprometan la infraestructura existente o el suministro a la población y a otras actividades económicas.
El texto con media sanción ya obliga a los proyectos a presentar un estudio técnico que demuestre que la inversión no afectará la capacidad, el acceso o el uso de la infraestructura disponible en energía, transporte, telecomunicaciones, agua y saneamiento. La nueva cláusula impondrá también una obligación específica para los grandes consumidores eléctricos, pero esa misma exigencia no se aplicará al uso del agua, ya que desde el bloque libertario argumentaron que los centros de datos pueden reciclar y reutilizar el agua con mayor eficiencia.
En otro orden de cosas, el tema de la morosidad familiar afecta profundamente a las familias argentinas y se ha convertido en uno de los problemas principales para el Ejecutivo. En este contexto, miembros del bloque libertario en la Cámara de Diputados destacaron que hubo directivas claras en una reunión con legisladores nacionales. El presidente habría comentado que el endeudamiento está concentrado en el conurbano bonaerense, donde los gastos de ese sector se orientan hacia “alcohol y juego”.
A pesar de esto, las declaraciones del oficialismo en el Senado son más comedidas. En diálogo con algunos senadores, se comentó que Javier Milei compartió una opinión similar a la que había manifestado anteriormente en la bolsa de comercio. Coincidieron en que es injusto que la población tenga que hacerse cargo de las deudas de los morosos, pero también mencionaron alternativas tales como un tope por parte del Banco Central a los intereses que se cobren y que se informe el costo financiero total antes de que se adquiera un crédito o un producto a cuotas.
Senadores del oficialismo expresaron su preocupación a Milei respecto a la disminución del consumo generada por deudores con escasa capacidad de gasto. “Puede repercutir en la economía”, afirmaron. Por su parte, Milei contestó que no le resulta preocupante la situación, ya que “trece de quince sectores están creciendo”.
El mandatario subrayó que el Gobierno busca recuperar el poder adquisitivo, pero la discusión se centra en el método para lograrlo: si mediante emisión monetaria o por la reducción de la inflación para mejorar el poder adquisitivo. Milei está convencido de que este es el camino a seguir.
