El Gobierno nacional ha incrementado los controles relacionados con las Islas Malvinas para las empresas que desean adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta nueva normativa fue establecida a través del Decreto 868/2026, que se publicó recientemente en el Boletín Oficial. Los proyectos deberán presentar una declaración jurada que certifique que ni ellos ni sus empresas vinculadas participan o participarán en actividades hidrocarburíferas prohibidas por la Ley 26.659. Dicha legislación impone sanciones a las compañías que lleven a cabo exploraciones o explotaciones de hidrocarburos sin la autorización correspondiente de Argentina en la plataforma continental nacional. Esta misma exigencia se ha incluido en los procesos para la obtención de permisos de exploración y concesiones de explotación y transporte de hidrocarburos. Además, el decreto asigna al Ministerio de Relaciones Exteriores la función de autoridad de aplicación de la Ley 26.659, lo que implica que la Cancillería tendrá un rol activo en la verificación de antecedentes y podrá intervenir en caso de posibles incumplimientos del régimen relacionado con actividades en áreas bajo disputa de soberanía.
El Gobierno refuerza controles sobre Malvinas para el RIGI
